LA PAZ (AFP).- Bolivia se encontraba nuevamente en la incertidumbre tras la solicitud del presidente Carlos Mesa al Congreso de llamar a elecciones anticipadas en agosto de 2005 y anunciar que vetará una ley de hidrocarburos aprobada por una de las cámaras del Parlamento.

El anuncio, que sigue al rechazo a la renuncia de Mesa por parte del Congreso la semana pasada, polarizó nuevamente al país, enfrascado ahora en un debate sobre la constitucionalidad y pertinencia política del pedido presidencial de anticipar las elecciones.

La situación tomó, sin embargo, otro rumbo con la aprobación esta madrugada por la Cámara de Diputados de una ley de hidrocarburos, anticipadamente vetada por el mandatario, y que posibilitó el inmediato cese de los cortes de ruta en el centro del país.

Centenares de vehículos, la mayoría de carga, comenzaban a ser liberados tras permanecer varados en un tramo de unos diez kilómetros por espacio de una semana, con grave perjuicio para las exportaciones.

«A pedido de los compañeros (productores de coca) que estaban en el bloqueo (en el Chapare), se da un cuarto intermedio (en las protestas) hasta que el Senado apruebe» sin cambios la ley, señaló el líder cocalero y de la oposición, Evo Morales, promotor de los cortes de ruta.

La nueva ley de hidrocarburos deberá ser tratada estos días por el Senado y, en caso de discrepancia con la Cámara de Diputados, será necesaria una sesión del Congreso nacional para dirimir el litigio.

El proyecto, que modifica una iniciativa de Mesa, establece en 18% las regalías que deben pagar las petroleras y les fija un 32% de impuestos «no deducibles ni compensables», dijo Cossío.

Preguntado si la aprobación de esa fórmula tributaria constituía un suicidio para el país, el ministro de Energía, Guillermo Torres, respondió: «Yo creo que sí».

«Sin ningún riesgo de evasión impositiva y sin ningún riesgo de fraude por parte de las empresas petroleras (la ley) está construida poniendo todos los candados que garanticen que el Estado boliviano va a tomar, saliendo de la boca de pozo en el punto de fiscalización, el monto que le corresponde como Estado», explicó el presidente de la cámara baja, Mario Cossío.

El gobierno insistía en mantener 18% de regalías y crear un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) de 32%, al que se podría aplicar descuentos y compensaciones y tenía una ejecución progresiva.

El proyecto de Morales consistía en elevar a 50% las regalías que deben pagar las petroleras.

La polémica sobre los montos proviene del referendo vinculante realizado en julio, que ordena cobrar «impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país».

«Aquí no ha ganado la propuesta del gobierno, sino la intermedia (de Cossío) que garantiza un ingreso para el país de 600 millones de dólares/año, frente a los 750 millones de nuestra fórmula y 150 del gobierno», afirmó Morales.

El Congreso debe ahora resolver la solicitud de Mesa de llamar a elecciones el 28 de agosto de 2005 que, según diversos analistas, es inconstitucional.

El senador Filemón Escóbar, cercano al mandatario, dijo que «Mesa se irá a su casa y renunciará irrevocablemente» si el Congreso no acepta su propuesta que, en los hechos, implica un acortamiento de su mandato privisto hasta 2007.