Los empleados públicos de Puerto Rico viven con incertidumbre la reducción de jornada laboral que exige la entidad federal de control al Ejecutivo de la isla para equilibrar las cuentas estatales, medida prevista para comenzar ayer rechazada por el Gobierno local.
El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario, pidió públicamente a los funcionarios afectados, unos 130,000, que hagan caso omiso a la exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad establecida tras la aprobación por parte del Congreso en Washington de una normativa para abordar el problema de la deuda.
“Se reportan a trabajar”, dijo Rosario, ante la supuesta entrada en vigor de la medida, que implicaría, de hacerse efectiva, una reducción de 2 días de trabajo por mes, medida, según la JSF, indispensable para contar con unas cuentas públicas saneadas sin déficit.
“Que acudan a trabajar en su horario normal. A rendirle servicio al pueblo de Puerto Rico de forma completa”, indicó, tras asegurar que no es cierto que el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, esté valorando retirar la paga de Navidad como medida para satisfacer a la JSF.
La entidad de control federal surgió de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), legislación que establece la JSF, enfrentada con el Ejecutivo, que se niega a implementar una medida que entiende dañará el bolsillo de los funcionarios y tendrá efecto negativo para toda la economía de la isla.
La reducción de jornada laboral exigida por la entidad federal de control al Ejecutivo busca conseguir ahorro de US 218 millones, indispensable, apuntan, para no presentar déficit.
La directora de la JSF, Natalie Jaresko, dijo durante la novena reunión de la entidad celebrada el 4 de agosto que el Plan Fiscal certificado -documento guía para presupuestos de próximos años- para las finanzas de Puerto Rico establece en el año fiscal 2018 ahorro de US 880 millones.