BOGOTA, (AFP).- El proceso de paz entre el gobierno colombiano y los paramilitares quedó maltrecho tras revelaciones sobre la infiltración del narcotráfico en la negociación, mientras algunos sectores auguran una ruptura y otros abogan por reencauzar el diálogo.

   En un intento por superar una de las más graves crisis en 20 meses de diálogos, el gobierno emplazó el lunes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a definir un cronograma para que la desmovilización de sus 20.000 hombres termine en diciembre de 2005 -según lo previsto-, ante lo que los paramilitares reiteraron su compromiso de desarmar en breve a unos 6.000 combatientes.

   No obstante, líderes políticos, analistas y expertos en diálogos de paz alertaron sobre la necesidad de enrumbar la negociación para acabar con los sobresaltos de un proceso con poco crédito en el país y en el extranjero, y percibido como un aval a la impunidad de crímenes atroces y de narcotráfico cometidos por esos grupos.

   Las críticas de esos sectores se centraron en lo que suponen concesiones a las AUC, como por ejemplo permitirle a los jefes de las AUC concentrarse -libres de órdenes de captura- en un área de 368 km2 al norte del país.

   Guardadas las distancias, la deicisión recordó la antigua zona de distensión que tuvo por tres años bajo control la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   «El proceso va por un mal rumbo porque es oscuro y narcotizado. En Santa Fe de Ralito (epicentro de la zona de las AUC) no sabemos ni qué estamos negociando ni con quién estamos negociando», afirmó este martes el comisionado para la paz durante el anterior gobierno, de Andrés Pastrana, Camilo Gómez, quien negoció con las FARC.

   Daniel García Peña, consejero de paz durante el gobierno de Ernesto Samper, señaló que las constantes crisis del proceso se deben a que «no hay una política clara frente al paramilitarismo».

   El último trance sobrevino luego de que el domingo medios de prensa publicaran informes sobre la expansión del poder de los paramilitares en el marco del plan de paz y la infiltración de narcotraficantes en la mesa de negociación; pero, principalmente, por la difusión de pláticas, grabadas clandestinamente, entre jefe de las AUC y el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, acerca de la extradición.

   La versión de la revista Semana, que divulgó las grabaciones, según las cuales el presidente Alvaro Uribe ofreció a las AUC usar su facultad discrecional para frenar la extradición de jefes paramilitares pedidos por Washington por tráfico de drogas, obligó un desmentido del gobierno.

   Aunque en un comunicado la presidencia advirtió que la extradición no es negociable, dejó planteada una ambigüedad al señalar que «quienes quieran evitarla, deben demostrar a la comunidad internacional su buena fe y propósito de enmienda».

   «El presidente Uribe dejó la puerta abierta: El que se porte bien y diga que no va a matar más gente ni a traficar más coca, de pronto puede evitar la extradición. El gobierno está discutiendo sólo si hay extradición o no con unos grupos que están atomizados y que se matan entre ellos mismos», aseveró Gómez.

   El analista y ex guerrillero León Valencia advirtió que «la disyuntiva que siempre ha tenido el gobierno es: o hacemos una negociación más de sometimiento a la justicia que es lo que quiere Estados Unidos o una negociación más política que es lo que quieren los paramilitares».

   «El gobierno tiene que definir si es una negociación política o es sometimiento a la justicia, son dos cosas totalmente distintas. Uno puede tener al comisionado que sea pero mientras no haya una política clara es difícil que cualquiera tenga éxito», apuntó García Peña.

   Para el ex presidente Samper (1994-98) el proceso «se inició cojo, sigue cojo y comenzó por el final», y señaló las similitudes entre el proceso de paz con las FARC en el gobierno de Pastrana en la región del Caguán (sur) y el de Uribe con los paramilitares.

   No obstante se mostró optimista de que la negociación sea enrumbada: «Santa Fe de Ralito es el Caguán, Mancuso es »Marulanda» (jefe de las FARC), pero afortunadamente el presidente Uribe no es Pastrana», apuntó.