PUERTO PRÍNCIPE.- Un mes después de la salida de Haití del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, líderes políticos y sociales consideran que el país vive una transición marcada por tensiones e incertidumbre.

Pero a pesar de ello «muchas cosas avanzan», declaró a la prensa el portavoz de la Plataforma Democrática, Micha Gaillard.

«Hay una dinámica que promete», agregó el portavoz de la principal coalición sociopolítica de Haití.

Con la caída el 29 de febrero pasado del régimen de Aristide, Haití ha entrado «en otra transición que se está beneficiando de la experiencia de cada sector para no repetir los mismas errores», afirmo Gaillard, quien se felicitó de «la paciencia» demostrada por la población.

Gaillard estimó que algunos sectores han sido «marginados», ya que ningún partido político está representado en el gobierno del primer ministro Gérard Latortue, quien ha formado un gabinete de tecnócratas.

Expresó también sus reservas sobre el futuro de las relaciones de Haití con la Comunidad Caribeña (CARICOM).

En la reunión celebrada la semana pasada en San Cristóbal y Nevis, los dirigentes de CARICOM decidieron no reconocer de momento a las nuevas autoridades de Haití.

Latortue congeló las relaciones diplomáticas de Haití con CARICOM y con Jamaica el pasado día 15, después de que este país decidiera acoger temporalmente a Aristide.

[b]Entregan cuarteles[/b]

Los rebeldes entregaron el lunes el control de dos comisarías a policías acusados de abusos y provocaron la ira de varios ciudadanos, que salieron a protestar la medida.

La entrega forma parte de la estrategia del gobierno provisional para desarmar a todas las facciones que participaron en el levantamiento de febrero que derrocó al presidente Aristide.

Las protestas, sin embargo, ponen de relieve las dificultades para cumplir con el objetivo.

«Si la policía trata de eliminar a los insurgentes, los atacaremos y retomaremos las comisarías», amenazó Joabilien Saint-Fidor, una de las 100 personas que gritaron «­Abajo la policía!».

Renel Descipux tampoco ahorró palabras para la policía. «Ya no los quiero ver. Todos son unos granujas».

En tanto, el líder rebelde Louis-Jodel Chamblain negociaba la entrega de la segunda ciudad más importante del país, Cabo Haitiano, y otras localidades norteñas. Los rebeldes aún controlan gran parte del territorio haitiano, en especial el norte.

Chamblain, que fue comandante de escuadrones de la muerte, juró que asesinará a Aristide si regresa del exilio. Los rebeldes aún detentan mucho poder en el país y eso ha dificultado que el gobierno del primer ministro Gerard Latortue imponga su autoridad.

Un pequeño contingente de oficiales de la policía haitiana que huyeron de los rebeldes han regresado a sus puestos, pero no tienen armas ni vehículos, los cuales fueron robados en saqueos durante los combates.

Chamblain había dicho con anterioridad a The Associated Press que sus combatientes iban a entregar el lunes las dos estaciones de policía en Cabo Haitiano. Asimismo dijo que estudia ceder el control de otras estaciones en el norte.

El líder se refirió al temor que existe entre la población por la devolución de las estaciones: «Todavía tenemos un problema de confianza».

Dijo que no estaba preparado para hacer concesiones a Aristide. Otrora sumamente popular, Aristide perdió respaldo al no cumplir sus promesas de mejorar el nivel de vida de los habitantes del país más pobre del hemisferio occidental.

Un levantamiento popular en la ciudad de Gonaives, que antes apoyaba a Aristide, estalló el 5 de febrero y rápidamente se unieron ex soldados como Chamblain, que regresaron del exilio y tomaron el control del norte del país. Aristide abandonó de Haití el 29 de febrero cuando los rebeldes se aprestaban a atacar la capital.

Chamblain acusa a Aristide de enviar a sus secuaces a matar a su esposa embarazada en 1991, cuando Aristide acusaba al ejército de amenazar con derrocarlo.

«Somos enemigos», exclamó Chamblain.

Aristide dice que Estados Unidos lo obligó a abandonar el país. Estados Unidos niega la acusación, pero la Comunidad Caribeña (CARICOM) ha pedido a la Asamblea General de las Naciones Unidas que investigue.