San Juan.- Incidentes entre manifestantes y la Policía que causaron cinco detenidos es el saldo hoy del paro general convocado en Puerto Rico por sindicatos y agentes sociales en protesta contra las medidas de austeridad impuestas por una entidad de control federal de EE.UU. y aplicadas por el Gobierno.

El distrito de Hato Rey, el centro financiero de la capital caribeña, fue escenario de actos de vandalismo por parte de manifestantes que causaron daños en edificios que albergan sedes bancarias al final de la principal manifestación. Las avenidas principales de la zona fueron escenario del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes encapuchados que causaron daños a importantes edificios como el Popular Center o el Oriental Bank.

La manifestación realizada en dicha zona, aledaña a San Juan, fue el acto central del paro general convocado, que también fue seguido en otras ciudades de la isla. Sindicatos, agentes sociales y asociaciones estudiantiles convocaron una huelga general contra los recortes en gasto social del Gobierno de Ricardo Rosselló, en el cargo desde el pasado mes de enero, obligado por la Junta de Supervisión Fiscal, entidad impuesta al Ejecutivo por el Congreso de EE.UU. para atajar el problema de la deuda.

Rosselló calificó los hechos de “actos criminales” y afirmó, en una declaración desde la sede del ejecutivo, que desde el Gobierno se “irá tras los responsables». “Todos aquellos que cometieron actos criminales vamos a asegurarnos que sientan todo el peso de la ley”, destacó.

La aprobación esta semana de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, que estipula seguir a pies juntillas las directrices de la Junta, que busca, entre otros objetivos, el pago de la deuda a los acreedores, fue el detonante para convocar la huelga. El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno, Ramón Rosario, dijo que pese a la convocatoria las dependencias gubernamentales funcionaron con normalidad.

El funcionario indicó que el servicio de luz y agua se mantuvo sin incidencias, mientras que el Aeropuerto de San Juan operó con normalidad a excepción de las primeras hora del día, cuando los accesos permanecieron cerrados por unos manifestantes. Algunas de las principales carreteras sufrieron cortes y el transporte público en San Juan funcionó parcialmente.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, catalogó de “flojísimo” el seguimiento de la huelga general y atribuyó el seguimiento a grupos que se apuntan a todas las protestas. En cuanto al seguimiento en las aulas, la estatal Universidad de Puerto Rico mantuvo el cierre que sufre desde hace semanas, mientras que para las escuelas el Departamento de Educación informó de que más del 90 % de los maestros se presentaron a sus puestos de trabajo.

La protesta contó con el apoyo del mundo artístico, luego de que el cantante Ricky Martin pidiera justicia para su tierra, mientras que Luis Fonsi envió a su isla “lo mejor” y el rapero Residente, antiguo cantante de Calle 13, acudió a la protesta en la capital. El gobernador y el Movimiento de la base del Partido Popular Democrático (PPD), Lealtad Popular, condenaron los incidentes de violencia ocurridos durante la principal manifestación.

El Banco Popular de Puerto Rico, cuya sede en el distrito de Hato Rey fue el principal objetivo de los manifestantes, anunció que demandará a más de 40 individuos y organizaciones presuntamente relacionados con daños causados al Popular Center. Los manifestantes también lanzaron objetos a los agentes del orden, destrozaron mobiliario urbano y se ensañaron contra cristales de las sedes bancarias, además de montar pequeñas barricadas y quemar banderas.

Los asistentes protestaron contra la política de recortes sociales del Gobierno de Ricardo Rosselló, que obligado por la Junta de Supervisión Fiscal que impone la Ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense el pasado junio para tratar el asunto de la deuda, aprobó la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal.

Esa norma, que estipula recortes en gasto social y en derechos laborales adquiridos durante años, fue el punto que colmó la paciencia de sindicatos y agentes sociales, que desde hace casi una década sufren las consecuencias de una profunda crisis económica. El Congreso estadounidense impuso al Gobierno local una Junta de Supervisión Fiscal cuyo objetivo es el de que el Ejecutivo pueda mantener sus operaciones y pagar a los acreedores, lo que exige contención en el gasto.