El decomiso de RD$2 mil millones en efectivo en favor del Estado Dominicano, RD$600 millones para las distribuidoras de energía Ede-Este, Ede-Sur y Ede-Este y un inmueble valorado en RD$50,901,692.00, son parte de los compromisos asumidos por Maxi Montilla mediante el criterio de oportunidad suscrito con el Ministerio Público a cambio del cese de la persecución penal en su contra, por su participación en actividades de corrupción administrativa.

La aplicación del criterio de oportunidad implica para Montilla también la disolución societaria, en dos años, y luego del pago de RD$431,816.307.90 a la Dirección general de Impuestos Internos (DGII), de las siguientes empresa:

Transformadores Salomón Dominicana, S.A.S, Electrocable Aluconsa, S.A.S.,; NSD Importaciones Diversas, S.R.L., Distribuidora de Materiales Eléctricos EEE, S:R.L.; Distribuidora Eléctrica HenanJinsshui, S.R.L., Importadora Eagleris, S.R.L., MG Salomón Corporation; TLC Negocios Globales, S. R. L. WatmaxLighting, S.R.L., y Herrajes Eléctricos RPC, S.R.L.

La Procuraduría Anticorrupción (PEPCA) hizo uso de esta herramienta legal previstas en los artículos 34 y 370.6 del Código Procesal Penal, luego de que Montilla aceptara la culpabilidad de los hechos que se le imputan de haber cometido en contra del Estado Dominicano y de las EDES, mostrara arrepentimiento y se comprometiera a testificar respecto de toda la información que conoce.

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De qué está acusado

Según el acuerdo, una investigación interna iniciada en esta nueva gestión para determinar la situación real de las EDES puso en evidencia la supuesta existencia de “una estructura mafiosa que drenaba económicamente dichas empresas.

Entre las acciones ilícitas a esa estructura se le atribuye beneficiarse con contratas millonarias ascendentes a la suma de USD57,058,069.76 “mediante un mecanismo de extorsión y/o soborno”.

Destaca que el total de los fondos de financiamientos internacionales ejecutados en la gestión de Rubén Bichara como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE ascendió a USD488 millones, los cuales supuestamente habrían sido “malversados, defraudados y sustraídos por la asociación” que alegadamente integraban además de Montilla, Luis Ernesto de León Núñez, Julio César Correa, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, “ y una serie de cómplices, testaferros y sociedades comerciales…”.

La querella penal con constitución en actor civil contra el grupo fue interpuesta por el Estado y las EDES por estafa agravada y otros delitos conexos.