POR TANIA HIDALGO
El Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO) incluyó al ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, en las investigaciones sobre irregularidades en la distribución de los invernaderos junto a otros 20 ex funcionarios y empresarios, por lo que procederá en los próximos días a solicitar que se abra el juicio preliminar.

La información la ofreció el subdirector del organismo anticorrupción, Hotoniel Bonilla García, quien precisó que las investigaciones están en su fase final.

Al participar en el Diálogo Jurídico de HOY, el funcionario sostuvo que ayer recibieron una información muy importante sobre el caso y que sólo están a la espera de su confirmación para concluir.

“En la construcción de los invernaderos se estableció que por cada metro cuadrado se haría una inversión de US$37. Cada invernadero tiene ocho tareas, que son más de cuatro mil metros cuadrados y una empresa muy importante de origen israelí que maneja asuntos de instalación y construcción de invernaderos determinó que la inversión por metro cuadrado es de aproximadamente unos US$10 o US$12, sin embargo en los que preparó, levantó y construyó la secretaría de Agricultura se gastaron US$37, es decir la inversión se duplicó por cada metro cuadrado”, explicó.

Con relación al caso de los invernaderos, hace unas semanas, la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Natividad Ramona de los Santos, impuso medidas de coerción consistente en impedimento de salida del país contra el ex secretario de Agricultura José Antonio Fabelo Molina; Ramón Osiris Polanco, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Sergio Uribe Castro, ex subsecretario de Agricultura y ex director del Proyecto de Mercados Frigoríficos e Invernaderos (Promefrin), y los hermanos Andrés, Fausto Porfirio y José Rafael Escarramán Hernández.

La medida fue impuesta a requerimiento del DEPRECO.

El grupo está acusado de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa y abuso de confianza, al perjudicar al Estado con más de RD$500 millones, a través de la compra y distribución de invernaderos.

Al profundizar las investigaciones, el organismo anticorrupción incluyó a otros ex funcionarios y empresarios, cuyos nombres serán revelados en los próximos días.

Bonilla García advirtió que los funcionarios que tenían una función de primer orden y que influyeron para procurar el beneficio de la asignación de uno de estos invernaderos tendrán que enfrentar la justicia.

Precisó que muchas personas fueron excluidas del expediente porque o eran verdaderos productores agrícolas o tenían una función media baja en la estructura del Estado “y pudimos apreciar que no tenían la influencia para proveerse o procurar la asignación de estos proyectos”.

Dijo que durante las investigaciones han podido conseguir una gran cantidad de documentos que sustentan la acusación, al tiempo de señalar que al conocerse el juicio preliminar obtendrán los mismos resultados que en el caso del Plan Renove, es decir que los implicados serán enviados a juicio de fondo.

“Hemos visto de manera objetiva que si bien tenemos pruebas contra una persona, pero no son suficientes para sustentar la acusación, entonces tenemos que excluirlo, igual  como pasó con el Plan Renove”, precisó.

Asimismo, el funcionario denunció que las autoridades anteriores, en el período comprendido entre julio y agosto del año pasado se apropiación de manera indebida de materiales, piezas y herramientas utilizadas para la construcción y levantamiento de los invernaderos y que incluso algunos han sido incautados.

Explicó que otras piezas fueron dejadas a la intemperie como es el caso de Jarabacoa, donde en un terreno propiedad de la secretaría de Medio Ambiente hay dispersas cientos de esas herramientas a la orilla de la carretera.

Dijo que de hecho ya han sido sustraídas parte de las telas y tubos, lo que ha imposibilitado que se construya la cantidad de invernaderos que se tenía previsto.

En ese sentido, declaró que fueron ocupados cientos de materiales que se encontraban en el almacén del señor Leonardo Francisco Sosa, ex encargado de un departamento de la secretaría de Agricultura.

Explicó que esa persona tenía la mercancía en un almacén y al percatarse de que las autoridades del ministerio publico practicarían un allanamiento, la trasladó a otro lugar, al cual acudieron a ocupar los materiales, procediendo, luego a entregarla bajo custodia a la secretaría de Agricultura.

DIEZ PROCESOS

Por otro lado, Bonilla sostuvo que están en proceso 10 investigaciones de expedientes de ex funcionarios que presuntamente incurrieron en actos de corrupción durante la pasada administración.

CONTRA EX PROCURADOR

Por otro lado, Bonilla informó que el juez del Cuarto Juzgado fijó para el próximo 3 de junio el conocimiento de la solicitud de juicio preliminar y medida de coerción contra el ex procurador general de la República, Víctor Manuel Céspedes Martínez, el ex procurador adjunto, Francisco Cadena Moquete, y una abogada, acusados de presunta prevaricación y desfalco por RD$3.3 millones en perjuicio del Estado.

El magistrado Alfredo Ríos Fabián conocerá el juicio a partir de las 9:00 de la mañana.

El DEPRECO solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Céspedes Martínez, Cadena Moquete y la abogada Maritza Cruz González.

El organismo anticorrupción argumentó que los prevenidos percibieron fondos pertenecientes al Estado por un monto de RD$3.3 millones de manera ilegal. .

Según la instancia el 22 de mayo del 2003, Céspedes Martínez, en su condición de procurador, apoderó mediante poder especial a Cadena Moquete, Franklin García Fermín, vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y a Cruz González, para asumir la representación del Estado en un recurso de amparo interpuesto por la Editora Listín Diario. Asimismo, el Depreco señala que Cadena Moquete, teniendo calidad de ministerio público y estando imposibilitado de ejercer la abogacía, se presentó como abogado de la propia Procuraduría y de su superior inmediato, trabajo por el cual recibió el dinero referido.

Céspedes Martínez y Cadena Moquete están acusados de los delitos de prevaricación y desfalco, previstos en los artículos 166, 167, 169, 170, 171 y 172 del Código Penal Dominicano, y el artículo 102 de la Constitución de la República, mientras que Maritza Cruz González es señalada como cómplice.

Según el expediente la Contraloría General de la República rechazó autorizar ese pago por considerarlo desproporcionado e ilegal, en respuesta a un oficio de fecha 6 de agosto del 2004, a través del cual Céspedes Martínez solicitó la autorización correspondiente al contralor de entonces, Federico José Lalane.

La solicitud de pago también fue rechazada por Daniela Castillo, auditora interna de la Procuraduría General, el 12 de agosto del 2004, “toda vez que el mismo no tenía la aprobación y autorización de la Contraloría”.

Bonilla informó que los fondos fueron retirados del banco por Cadena Moquete y Cruz González el 17 de agosto pasado, momentos en que Víctor Céspedes entregaba al actual procurador general de la República, Francisco Domínguez.

SAM GOODSON

En otro orden, el funcionario dijo que están muy avanzados los trámites correspondientes para la extradición del empresario estadounidense Sam Goodson, no obstante las declaraciones de su abogado Félix Damián Olivares, en el sentido de que estará presente en la audiencia del 20 de junio próximo, ya se le había colocado impedimento de salida del país, por lo que no podía viajar al exterior, además de que debía pagar  una garantía económica.

“Esto significa que se ha colocado en una actitud de rebeldía frente a la justicia. El (Goodson) le ha dicho a la justicia yo no voy a cumplir respecto de lo que usted ha decidido sobre mi persona y me voy a presentar cuando me parezca, de manera que ante esa situación nosotros hemos iniciados acciones tendentes a garantizar que esté presente el día 20 en la audiencia del juicio de fondo”, manifestó.El empresario israelí fue sometido a la justicia junto a otros empresarios, sindicalistas y ex funcionarios del pasado gobierno, acusados de una estafa al Estado a través del Plan Renove.

Con relación al caso el juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, dispuso el envío a juicio de fondo de 14 de los 16 implicados entre ellos, el vicealmirante retirado Ramón Emilio Jiménez Reyes, Fabio Ruiz, Siquió Ng de la Rosa, Johnny Morales, Sam Goodsom, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa, Antonio Marte, Blas Peralta, Antonio Pérez, Alfredo Linares (Cambita), Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William Méndez y Diógenes Castillo.