Tres recursos legales fueron sometidos ayer ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para anular la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación, que prioriza el diseño y establecimiento de la política de género en la educación preuniversitaria. Dos de ellos fueron incoados por el aspirante presidencial Carlos Peña; y el tercero, por tres entidades educativas y cristianas.
El precandidato por el Partido Generación de Servidores depositó en la secretaría del TSA un recurso de nulidad contra dicha ordenanza y una solicitud de medida cautelar para suspender su ejecución hasta que el tribunal conozca y falle el primer recurso.
Peña, quien también es pastor evangélico, argumentó que esa disposición de Educación busca “volver añicos a la familia tradicional dominicana para introducir la diversidad infinita de géneros”.
Añadió que el titular de la cartera educativa, Antonio Peña Mirabal, ha violado el procedimiento previsto en la Ley General de Educación (No. 66-97) al establecer una política educativa, porque eso le compete al Consejo Nacional de Educación.
Acción de amparo. Por su lado, la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (Udiep), la Red de Abogados Cristianos y Acción Cristiana sometieron una acción de amparo para dejar sin efecto la referida orden departamental.
De acuerdo al colectivo, con esta acción “se resguarda la libertad de enseñanza de los niños y se les protege de una corriente ideológica que busca borrar las diferencias naturales entre el hombre y la mujer”.
1. La familia decide
El artículo 63 de la Constitución establece: “La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores”.

2. Políticas educativas
El artículo 76 de la Ley General de Educación dispone: “El Consejo Nacional de Educación es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa”.