Incoherencias frente al fraude bancario

JUAN BOLÍVAR DÍAZ 
Esta semana el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, reiteró su criterio de que fue el manejo de la política económica en el pasado gobierno lo que provocó las quiebras de tres bancos, desatando la peor crisis financiera y económica de la historia nacional y probablemente, en términos proporcionales, la mayor del mundo. Según el criterio que ha expresado el mandatario, en numerosas ocasiones, aquí no hubo fraudes bancarios, sino que las quiebras fueron causadas por el dispendio y los desaciertos del gobierno del presidente Hipólito Mejía.

En consecuencia, se debe concluir en que los banqueros procesados en vez de victimarios, son víctimas, lo que implica incoherencias en el seno mismo de su gobierno, ya que el Superintendente de Bancos que Fernández designó, Rafael Camilo, ha reiterado que hubo graves fraudes en esos bancos, sin que eso niegue responsabilidad a las autoridades. Pero no solo a las del momento, sino a las de los años en que se incubaron las prácticas bancarias fraudulentas.

El criterio presidencial es incoherente también con la posición del Banco Central, cuyas actuales autoridades designadas han proclamado que dan seguimiento a los procesos judiciales contra los banqueros, iniciados en la anterior administración. La mayor contradicción, es empero, con el acuerdo que en enero pasado suscribió este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en el que se comprometió a proseguir la búsqueda de sanciones para los responsables de esos fraudes, y a una serie de acciones para evitar su repetición. La posición del presidente Fernández pudo explicarse, no justificarse, en la campaña electoral, cuando quería a toda costa descalificar a Hipólito Mejía, quien absurdamente buscaba una reelección. Pero las elecciones pasaron hace más de un año.

Junto con Leonel Fernández, su asesor económico Julio Ortega, el secretario Técnico, Temístocles Montás, y una gran parte de los comunicadores vinculados al Partido de la Liberación Dominicana y su gobierno, han sustentado la inocencia de los banqueros, derivando la culpa hacia las pasadas autoridades.

Evidentemente que el gobierno de Mejía comparte responsabilidades con sus antecesores por no haber supervisado el sistema financiero permitiendo que algunos banqueros manejaran los ahorros ajenos como propios, con complicadas prácticas fraudulentas. Se le agregan las de haber violado la ley monetaria devolviendo la totalidad de los depósitos, sobre todo en Baninter, lo que agravó la crisis. Pero insistir en que no hubo fraude bancario es inexplicable, sobre todo cuando hace pocas semanas un panel de expertos contratados por las actuales autoridades reiteró documentó que las quiebras fueron fraudulentas. ¿De qué otra forma se puede llamar al hecho de que el Baninter “escondía es sus informes contables un “banco paralelo” de un volumen de operaciones dos veces superior”? Su informe financiero oficial al 31 de diciembre del 2002 declaraba activos de 26 mil millones de pesos, pero al quebrar tres meses después, se descubrió que eran 81 mil millones de pesos.

En su Informe de Evaluación Fiduciaria de la RD, reseñado por HOY el 27 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial sostienen que las debilidades del marco regulatorio y la falta de adecuadas estrategias fiscales y monetarias quedaron de manifiesto en el 2003 con la quiebra de Baninter, “descubriéndose serias irregularidades y prácticas fraudulentas”.

En el recién publicado Informe Nacional de Desarrollo Humano, el PNUD sostiene (página 45) que “La crisis financiera destapada en mayo de 2003 fue el resultado de un fraude cometido por un grupo de empresarios del sector bancario con la complicidad, por comisión u omisión, de parte de la burocracia y del estamento político, quienes no supieron, no pudieron o no quisieron poner los correctivos de lugar y aplicar la ley y las normas bancarias”.

No pueden ser olvidadas todas las advertencias de los organismos internacionales, de altos funcionarios de Estados Unidos y de los embajadores de la Unión Europea condicionando la asistencia financiera al país a que sean sancionados los responsables de los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional.

Sin duda que el gobierno de Mejía manejó mal la crisis, pero el grave daño a la economía nacional ya estaba hecho. A menos que sea posible defraudar a los ahorrantes de un país con un monto superior al presupuesto nacional y equivalente al 20 por ciento del Producto Bruto Interno, sin que eso desmorone la estabilidad macroeconómica.

El presidente Leonel Fernández debería recapacitar y corregir las incoherencias en un asunto tan importante, que está siendo observado por nacionales y extranjeros y a lo que se atribuye en parte que organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial no hayan erogado financiamientos, pese a la recuperación de la estabilidad macroeconómica durante el actual gobierno.