No creo que a nadie se la haya ocurrido, así sea para fuñir un poco -ya que los “de abajo” estamos bastante fuñidos- indagar si dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución dominicana al Presidente de la República para el buen desempeño de su cargo como Primer Magistrado de la Nación, se incluye dar el primer picazo de cada obra del gobierno, cortar cintas el día de inauguraciones de escuelas, viviendas, hospitales, clínicas rurales, un puente, una carretera, un camino vecinal o de un centro comercial privado, por citar algunos casos que permanentemente nos muestran los periódicos y programas televisivos como noticia importante, no teniendo otro propósito que resaltar la popularidad del gobernante y ganar proselitismo político electoralista.

Se dirá que, con escasísima excepción, todos los gobernantes del país, hijos de “La civilización de espectáculo”, es lo que siempre han hecho: gastar buena parte de su precioso tiempo que debió ser dedicado a sus complejas y delicadas funciones como “Jefe de Estado y “Jefe de Gobierno”. Y podría argumentarse, aunque lo anterior no excuse los excesos, que tampoco la Constitución lo prohíbe expresamente, lo que en parte es cierto. Pero un principio elemental de buena administración nos enseña que la función pública debe ser ejercida apegada rigurosamente a lo que la ley manda y obliga. Ley que rige la función pública No 41 /08 nadie, absolutamente, la respeta, como tampoco se respeta la Constitución que define la finalidad de los servicios públicos y proscribe y condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.

Y si son esas las disposiciones que se le pretende aplicar al Magistrado Procurador General de la República, Dr. Francisco Domínguez Brito por ejercer correctamente sus funciones, es preciso recordar que la tarea más importante de todo ejecutivo es solucionar problemas y, mal que pese, a un Procurador de la Justicia le compete, precisamente, investigar, someter y enjuiciar asuntos judiciales y al sometido defenderse, destruir pruebas acusatorias, que abogados de lustre, derechamente alineados, le sobran.

El pretexto de que el Procurador está usando sus funciones con propósito político, provoca una pregunta: ¿Por qué a los mismos legisladores que piden su cabeza, no se les había ocurrido formular semejante cargo cuando otros altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que también lo fueron del Presidente Fernández Reyna, iniciaron temprano su campaña proselitista, dilapidando tiempo y dinero que no les pertenece, ajeno a sus funciones? O más sencillamente, ¿Por qué ellos mismos, violando la Constitución, se auto asignaron fondos públicos traducidos en barrilitos y cofrecitos para realizar, contrario a sus funciones legislativas, una cuestionable “labor social” que no les corresponde y solo persigue fines lucrativos y políticos electoralistas?

Aquí el que no corre, vuela. Lo cierto es que la guerrita está declarada entre dos bandos bien definidos, dispuestos a todo. La mayor desgracia es que el gran perdedor será el de siempre, “el noble y jodido pueblo dominicano” que no encuentra solución a sus problemas ancestrales ni una lucecita que alumbre su futuro.