En la edición del matutino El Caribe del 1ro. del mes que discurre leímos este sorprendente titular que encabeza su primera plana: “Carboneros operan como chivos sin ley; 200 individuos controlan el negocio en Independencia y Bahoruco”. 

El Programa Medioambiental Fronterizo (PMF) ha producido un estudio denominado “Identificación y descripción de la red de comercialización del carbón vegetal en comunidades de las provincias Independencia y Bahoruco” el cual no sólo no tiene desperdicios, sino que comprueba que en nuestro país se ha perdido el principio de autoridad, razón por la cual países desarrollados se refieren a nosotros como “una república bananera”. ¿Cómo es posible, que existiendo un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se permita tal depredación? ¿Es que la otrora eficiente Dirección General Forestal se ha confabulado con los infractores?

Haití, a cuyo destino final va el carbón calculado en 37,000 sacos mensuales, es precisamente un erial por haber permitido sus autoridades la deforestación casi total del país, al extremo, que cuando se sobrevuela la isla Hispaniola, se distingue claramente cuando se penetra en territorio haitiano por terminar la zona verde que posee Dominicana y entrar en la franja marrón de Haití.  Entonces, ¿Vamos a permitir convertir la frontera en una zona desértica?  Por la falta de una dirección enérgica en la conducción de los asuntos ambientales es que se añora los tiempos en que la Foresta fue dirigida por Candelier, quien no tenía reparos en someter a la acción de la justicia a los infractores, aún fuesen estos personas pudientes o influyentes políticos, y contó siempre con el apoyo del presidente Balaguer.

Esta devastación es sin lugar a dudas es un negocio sumamente rentable, ya que en el estudio de la PMF se establece: “que genera 89.2 millones de pesos anuales, en el cual, los productores primarios obtienen 44.6 millones de pesos (50%); los transportistas y los yoleros 22.3 millones (25%): los intermediarios locales 11.6 millones (13%)  y se reparten propinas y dádivas por 0.7 millones anuales, equivalente al 12% de las ventas”.  De esta última cifra es que inferimos, que tanto las autoridades gubernamentales, como las políticas y los militares están involucrados indirectamente en el negocio, razón por la cual se mueven tantas personas, especialmente los braceros haitianos, con tanta facilidad e impunidad.

El estudio, muy minucioso y profesional, indica que cinco comerciantes haitianos acumulan los costales en el lado oeste del lago Azuéi y que para lograr esto, se devastan unas 33 mil 728 tareas nacionales anuales.

Según el informe, el tráfico es ejecutado a plena luz solar y en las narices del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), el cual ante esta grave denuncia ha procedido al apresamiento de cinco negociantes.  Sin embargo,  para los campesinos detenidos, los verdaderos dueños del negocio casi nunca dan la cara y según el delegado municipal de El Limón, en cuyos montes ocurren los desmontes, las transacciones las operan personas que tienen altos niveles de influencia y poder político en la región.

En resumen, cuando en un país las autoridades llamadas a imponer el orden no se hacen respetar y permiten que el vandalismo y el irrespeto a sus leyes capeen por sus fueros; que no se quejen los funcionarios gubernamentales cuando nos enrostren  que a nuestro país le falta muy poco para que lo cataloguen como un “estado fallido”. O detenemos radicalmente esta destrucción sistemática de nuestros bosques, o no nos lamentemos cuando la asolación en la zona  se materialice y se convierta en una palpable realidad irreversible.