Hoy 
POR SORANGE BATISTA
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, expresó su inconformidad al conocer la asignación presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el Poder Judicial.
Sin embargo, el magistrado espera que el Congreso Nacional valore el trabajo desempeñado por ese tribunal en el 2007 y los beneficie con una partida superior a la de RD$3,346 millones que le fue asignada.
Dijo que ese monto es apenas un 5.8% más que en el presupuesto del año 2007, o sea, que el Poder Judicial recibe ahora 184 millones más de pesos con relación al presupuesto anterior.
En diferentes escenarios, Subero Isa ha advertido que de no asignársele al Poder Judicial la partida de 2.66% de los ingresos nacionales que le corresponde por ley, que equivaldrían a 5 mil 600 millones de pesos para el año 2008, la seguridad jurídica nacional estaría en gran peligro.
Yo quiero pedir a las autoridades correspondientes, principalmente, ya que va estar en manos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, que se haga una evolución más ponderada y se le asigne al Poder Judicial una partida que realmente vaya en consonancia con las necesidades que tenemos, indicó el magistrado en un encuentro con los periodistas con motivo de las navidades.
Dijo que la posición del Pleno de la SCJ es que se le dé cumplimiento a lo que establece la Ley sobre Autonomía Presupuestaria al tiempo que expresó que si todos cumpliéramos con la Ley este país fuera mejor.
La campaña en procura de una mayor asignación por parte del presidente del más alto tribunal inició el pasado 20 de noviembre, cuando en un encuentro con los periodistas de prensa escrita asignados a la SCJ reveló que de no obtener los recursos solicitados por el Poder Judicial sucumbirían 15 proyectos y otros 23 se verían afectados.
CONSECUENCIAS
De acuerdo con Subero Isa la no aprobación de la totalidad solicitada por el Poder Judicial obligaría a cerrar la Escuela de la Magistratura y suspender el Programa de Defensa Pública.
