Los médicos y paramédicos han vuelto a paralizar los establecimientos de salud en todo el país y la principal consecuencia de esa actitud la sufren miles de personas de limitadas posibilidades económicas, sin acceso a los servicios médicos privados.

Esta vez la huelga coincide con una campaña electoral que conduce hacia las elecciones presidenciales que habrán de ser celebradas el domingo 16 del presente mes. La huelga médica concluirá apenas dos días antes de las votaciones. Esta coincidencia hace más odiosa la medida de fuerza aplicada por médicos y paramédicos para forzar al Gobierno y al Congreso a aprobarles un aumento salarial del ciento por ciento.

Ya se ha hecho hábito el hecho de que cada directiva del Colegio Médico Dominicano (antigua Asociación Médica Dominicana) se afane por superar a sus antecesores en lo que concierne a paros y protestas que en términos muy justicieros podríamos clasificar como una denegación de salud que podría convertir en impopular sus reclamos.

En medio de las precariedades conque se desenvuelve el país, y sobre todo sin tomar en cuenta la enorme presión fiscal existente, se pretende forzar al Congreso a aprobar nuevos impuestos para financiar el incremento salarial de médicos y paramédicos.

Aparte de eso, la huelga viene a agravar seriamente las precariedades actuales de los servicios de salud, debido al encarecimiento de todo, desde el transporte hasta los medicamentos, sin dejar de lado materiales gastables y equipos. Numerosos pacientes crónicos, particularmente los renales, atraviesan serias dificultades por falta de materiales para hemodiálisis y otros procedimientos.

Es decir, se está ejerciendo presión sobre el Congreso y el Gobierno para que autoricen el aumento, y por el otro lado sobre los pacientes, para inducirlos a culpar al Gobierno por la situación.

Entendemos que los médicos y paramédicos, como también otros sectores, merecen una mejoría en sus ingresos para compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo, pero los hechos nos obligan a cuestionar la falta de flexibilidad del Colegio Médico Dominicano y la rudeza de sus métodos de lucha.

No ponemos en duda los merecimientos de médicos y paramédicos, cuyos esfuerzos deben ser mejor pagados. Pero resulta chocante que los únicos procedimientos que aplican para reclamar reivindicaciones es la fuerza de los paros en los hospitales, que, reiteramos, más que fuerza de reclamo clasifican como denegación de salud a quienes más lo necesitan.

En sus reclamos, los médicos y paramédicos incluyen aspectos relacionados con el desabastecimiento de medicinas y materiales en los hospitales, que es una amarga realidad, pero al paralizar la asistencia desmoronan la intención del argumento.

Interesante

Un programa piloto aplicado para intentar descongestionar de expedientes los tribunales ha arrojado datos interesantes.

Una sala de Instrucción tenía acumulados 950 expedientes, de los cuales 737 habían prescrito. Según estadísticas de la Suprema Corte de Justicia, en esa sala se conocía un promedio de 57 expedientes por mes, pero desde que fue iniciado el programa el número de expedientes creció a 115 por mes.

Sería interesante conocer cómo se acumularon en esa instancia judicial tantos expedientes y cómo eran mantenidos activos los setecientos y tantos que habían prescrito.

La falta de celeridad de nuestra justicia es un grave problema que se constituye en ocasiones en denegación del derecho de toda persona a juicio oral, público, contradictorio y, sobre todo, oportuno.

Si este procedimiento que se ha aplicado en una de las salas de instrucción ha arrojado resultados tan auspiciosos, hay que apresurarse a aplicarlo en las seis salas restantes, como forma de agilizar procesos y descongestionar las cárceles.