Debería abochornar, dar vergüenza, y causa justa indignación, el aumento salarial que abusando de una supuesta autonomía y de sus poderes fácticos, se han impuesto los directivos de la Junta Central Electoral con efectividad a partir del mes de agosto pasado, para igualar los sueldos de sus pares jueces del Tribunal Superior Electoral, según su burda justificación.

Se les olvidó a esos ilustres ciudadanos, que nadie puede estar por encima de lo establecido en la Constitución que, en su Artículo 6 reza así: “Todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulo de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a la Constitución.”

Y resulta que en su Artículo 140, que trata de la Regulación del Incremento de Remuneraciones, la Constitución no puede ser mas clara cuando dispone: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.”

Ignoramos si esa ley fue ya dispuesta, pero el Presidente del Senado habló claro e interpretó correctamente la normativa constitucional. ¿No la entendieron así los mandatarios de la JCE o que hay en ese organismo un desfase constitucional?

A esa conclusión se llega cuando se recuerda que el Presidente de la JCE y su cohorte respaldaron y aplauden la aberrante sentencia del Tribunal Constitucional que comete un genocidio civil al privar de su nacionalidad a los nacidos y criados en territorio nacional, descendientes de emigrantes no documentados (ilegales haitianos), en flagrante violación a normas y disposiciones constitucionales que están en la obligación de observar y hacer cumplir, tal es el derecho consagrado del “Ius Soli” que ratifica el Artículo 18 acápite b) de la Constitución vigente cuando señala: “Son dominicanos y dominicanas (Sic) quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución.”

Bien vistas las cosas hay cierta coherencia medalaganaria en las actitudes y accionar de estos dos organismos que, a conveniencia, parecen entender que la Constitución es una hoja de papel sin consecuencias, ignorando que “Allí, cuando la Constitución escrita no se corresponde a lo real, estalla ineludiblemente un conflicto que no hay manera de eludir… y tiene que sucumbir ante el empuje de la Constitución real, de las verdaderas fuerzas vigentes en el país.”

Se hace difícil armonizar estos incrementos de sueldos sustanciosos con los niveles de pobreza, indigencia, insalubridad, desempleo y desamparo, existentes; y los sueldos paupérrimos que ganan maestros, médicos, enfermeras y otros servidores públicos que atienden necesidades básicas, esenciales para el desarrollo y el bienestar del pueblo.

Estos funcionarios, sin excluir a nuestros legisladores que disfrutan indebidamente de barrilitos, cofrecitos y otras bonanzas que no se corresponden con sus funciones y la dignidad del cargo, como denunciara valientemente la diputada Guadalupe Valdés, no acaban de asimilar que a la función pública se va a servir al pueblo, no a enriquecerse.