El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, consideró que de ser declarada como inconstitucional la Ley 169-14, representaría un golpe a la gobernabilidad y la estabilidad democrática, ya que pretendería erigir al Tribunal Constitucional (TC) como el centro de las decisiones políticas e institucionales y no como el árbitro y garante de democracia.
La advertencia es a propósito de la versión de que el Tribunal Constitucional se apresta a aprobar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
“Una sentencia del TC de esa naturaleza supondría un daño irreparable al consenso social y político que se ha fraguado para garantizar una solución adecuada a un problema histórico que se ha agravado década tras década como consecuencia de las debilidades y deficiencias de nuestras instituciones”, dijo Castaños.
Advirtió además que adoptar una decisión como esa abriría las puertas para que el Congreso ponga en ejercicio sus funciones de control político de los actos de las instituciones, lo que abre incluso la posibilidad de un juicio político a sus miembros. “Este sería el peor de los escenarios que necesita nuestro país para resolver un desaguisado tan horrible como inoportuno”.
Recordó que la Ley 169-14 fue adoptada en medio de una aguda coyuntura nacional tras la sentencia 168-13, que colocó la discusión sobre esta problemática en un escenario confuso e incapaz de producir la comprensión de su naturaleza y vías de solución.

Asimismo que esa ley fue aprobada como resultado de un amplio consenso político y social, procurando paliar la aguda polarización provocada en la sociedad dominicana sobre la naturalización de inmigrantes y su estatuto legal.
Indicó que pese a todos los inconvenientes, obstáculos, desafíos y desafecciones que giran alrededor de esta norma, esta ha comenzado a dar frutos y la muestra más reciente es que el país salió de la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre negación de nacionalidad y de derechos políticos, al valorar el cambio del tono y la actitud que ha adoptado el Estado.