JOSE ANTINO MARTINEZ ROJAS
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), vigésima segunda edición 2001: incriminar. (Del b. lat. Incriminare, acusar.) tr. Acusar de algún crimen o delito. // 2. Imputar a alguien un delito o falta grave. //

3. Exagerar o abultar un delito, culpa o defecto, presentándolo como crimen.

Recién llegamos del Ecuador, país en donde la prensa tiene un nivel muy parecido al nuestro y también las plantas televisoras presentan paneles de entrevistadores y analizadores de noticias como aquí. Nos llamó la atención una pugna que tiene actualmente un senador por opiniones y declaraciones que fueron vertidas –al parecer de manera  irreflexiva– en  una de estas mesas redondas, poniendo en tela de juicio la honestidad de ese legislador, al cual achacaban actos de corrupción y faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El caso está en la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá emitir su fallo al respecto.

En España, con motivo de encontrarse en una zona de Andalucía unos trescientos millones de euros, los empresarios y sus abogados fueron acusados de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los abogados involucrados elevaron una instancia para que sean enjuiciados las autoridades responsables y los medios de comunicación que se habían hecho eco de la noticia.  La razón: incriminación sin haberse producido una sentencia en la cual se verificara la veracidad o falsedad de la imputación.

Esto ha provocado que la incriminación pura y simple se haya colocado en situación de ilegalidad y los responsables son pasibles de ser sometidos ante los tribunales, y de ser declarados culpables, pagar una indemnización por la falsedad de la acusación.

La República Dominicana tiene un gran número de estos paneles de “analistas y entrevistadores”, los cuales, con aire de doctos y letrados, juegan con la reputación de cualquier ciudadano que, sin haber sido declarado culpable por la justicia, gracias a la sapiencia de estos eruditos,  los mismos tratan temas que si en nuestro país existiese, como en los Estados Unidos de América el principio de la no incriminación pública, esos medios serían demandados y hasta enviados a la cárcel los panelistas, directores de programas y hasta los patrocinadores. 

Quién no ha visto en la mañana algunos de estos programas matinales cuyos presentadores, algunos con aspecto circunspecto y arqueando los ojos para dar mayores visos de credibilidad, enjuician empresas, personas, funcionarios y hasta altas autoridades de la nación, por simple rumores o por haber salido en la prensa escrita algún hecho que a su parecer parece un “palo noticioso”. Si posteriormente resultan falsas las imputaciones, ni siquiera tienen el valor para disculparse, y si lo hicieran, el daño está hecho, ya que el agua que corre  río abajo no pasa de nuevo por el molino.

Abogados prominentes acuden regularmente a programas de panel y dilucidan con verbo altisonante y brillantez asombrosa –ya que no tienen una barra opositora- los casos que le han sido presentados privadamente en sus bufetes, violando con ello el secreto profesional y más aún la fase secreta de la instrucción. ¿Cuantos casos perdidos en estrados no han sido de manera pírrica ganados en programas televisivos por estos abogados figureros?

El público ha sido condicionado por estos manipuladores a creer que de verdad ellos son impolutos e imparciales, no sabiendo que muchos de estos espacios son pagados por personas que tienen algún conflicto con los detractados. Es hora ya de que nuestra Suprema Corte de Justicia intervenga ante esta avalancha de acusaciones y contraacusaciones que tanto en la radio como en la televisión se presentan a cualquier hora del día. Imitemos lo bueno de países con más años de cultura que el nuestro y que respetan las instituciones legales, so pena de ser clausurados los programas que incriminan graciosamente o dar a entender indirectamente que las personas mencionadas son culpables antes de ser juzgados por los tribunales. El problema es quién o quienes le pondrán el cascabel al gato.