Lo que hace cierto tiempo comenzó con reclamos de minoristas de provisiones dirigidos a las autoridades de actuar ante una creciente competencia de establecimientos emergentes que han estado vendiendo a precios muy inferiores a los que aplican los intermediarios locales y tradicionales obligados a ser rentables pagando altos aranceles, respetando resoluciones de salarios mínimos, afiliando empleados a la Seguridad Social, tributando por utilidades y el Itbis y pagando prestaciones laborales sin sistemáticos despidos a corto plazo para eludir esa obligación en abuso a los recursos humanos dominicanos.

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Meses más adelante lo que estuvo siendo denunciado como tratamiento inexplicablemente desigual en aplicación de impuestos y del Código de Trabajo a sectores minoristas y nativos pasó a cosas peores: los mayoristas de alimentos, de tejidos y de una amplia gana de prendas de vestir y artículos del hogar han estado sumándose al mismo emplazamiento: las obligaciones de toda índole que el Estado tiene establecidas para los ejercicios de comercio deben ser aplicadas como mandan las leyes: sin excepciones por nacionalidad que parecen logradas por presiones diplomáticas.

La más reciente denuncia de deslealtades provino de importadores y distribuidores de repuestos automotrices alarmados por los privilegios que amparan negocios provenientes de Asia, atribuyéndoles operar indemnes en una informalidad que reduce considerablemente sus costos en perjuicio de quienes se ciñen a reglas.