BOGOTA. AP. Los esfuerzos de las dos últimas décadas para llevar ante la justicia a altos militares sospechosos de haber colaborado con paramilitares en la matanza de unas 10,000 personas resultaron en vano hasta ahora. 

Pero la situación cambió cuando varios jefes paramilitares se desmovilizaron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe a partir de 2003 y, aunque a cuenta gotas, comenzaron a dar testimonios ante la justicia de sus lazos con militares en las décadas de 1980 y 1990. 

Con esos testimonios y denuncias de organismos de derechos humanos esta semana fue detenido el general del ejército en retiro Rito Alejo del Río, acusado por grupos defensores de los derechos humanos de haber dejado actuar libremente al paramilitarismo en Urabá, al noroeste del país, una región donde se dio una cruenta lucha entre las guerrillas y las bandas paramilitares.