Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
Inspectores de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República investigan un alegado soborno de 120,000 euros (RD$5.0 millones) que habría sido pagado a un juez de Higüey, quien declaró no culpables a dos franceses acusados de traficar 7,39 kilos de cocaína.
Mientras tanto, los abogados alegan que se ha cometido un desacato en perjuicio de los franceses Prisse Steve Christian y Aiet Chiskh Mustapha, quienes, además, fueron favorecidos ayer con un habeas corpus, determinando la jueza Martina Encarnación, que su prisión es ilegal y arbitraria.
En la investigación se detectó que se le habrían ofrecido 22,000 euros a un fiscal a cambio de su cooperación, quien rechazó la oferta y notificó a sus superiores en la Procuraduría General.
Es ante esta situación que la Procuraduría se niega a poner en libertad a los prevenidos Steve Christian y Chiskh Mustapha, a pesar de ser favorecidos con la sentencia 127-05, dictada por el magistrado Rafael Cedano González, juez interino de la Cámara Penal de Higüey, de fecha 15 de julio.
A esta decisión se sumó otra sentencia de habeas corpus, dictada ayer lunes por una jueza interina, que dispone la inmediata puesta en libertad de los franceses por alegada irregularidad en la prisión.
Anteriormente, el juez interino Ambrosio Reyna Núñez, impuso una fianza de RD$2.0 millones en favor de los franceses, la cual fue rechazada por el Ministerio Público debido a que los contratos de fianza tenían restricciones, en torno a la ley de drogas y a que los prevenidos son extranjeros.
El abogado de los prevenidos Steve Christian y Chiskh Mustapha gestionaba la ejecución del habeas corpus, pero en la fiscalía de Higüey, según alegan, se les ha manifestado que sólo el procurador general Francisco Domínguez Brito puede disponer la libertad de ambos prevenidos.
El licenciado Mártires Aquino sostiene que se han violado los derechos constitucionales de sus clientes, debido a que ambas decisiones se debieron ejecutar en los inmediato, sin necesidad de la intervención del procurador Domínguez Brito.
Esta situación, entiende Aquino, representa un claro desacato a dos sentencias.
Negó que se haya ofrecido o pagado algún soborno a las autoridades judiciales de la provincia La Altagracia.
En tanto, el francés Tadjer Abdelkader, hermano de uno de los prevenidos, a causa de la situación, denunció que en Higüey los derechos de los ciudadanos no existen.
Dijo, además, que el fiscal de esta jurisdicción no respeta la ley y habla mentiras, puesto que, según añadió, no ha podido demostrar la acusación.
Ante esta situación, Abdelkader, pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que se dé cumplimiento a las decisiones de los tribunales.
Los franceses fueron apresados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) el pasado 20 de mayo en el aeropuerto de Punta Cana, cuando alegadamente intentaban sacar del país 7.39 kilos de cocaína, en su equipaje personal.
