Todo indica que la decisión  del Pleno de la JCE que ordena  suspender hasta junio la entrega a los senadores del Fondo de Gestión Social, mejor conocido  como “Barrilito”, encontrará oposición donde era de esperarse  que la encontraría; entre los propios legisladores, que por distintas vías han dejado saber   que votarán en contra de la medida con la que se busca una mayor equidad entre los candidatos. Y tanto cariño le han cogido algunos  senadores a ese fondo, que se atreven a decir que solo “una línea” bajada desde la alta dirección  del PLD  impediría que rechacen las pretensiones del doctor Roberto Rosario “con una avalancha de votos”. Cristina Lizardo, presidenta del Senado, fue todo lo diplomática que le permitían las circunstancias cuando  se le preguntó su opinión sobre la medida cautelar dispuesta por la  JCE, conocedora del ánimo que impera entre sus colegas, que no ocultan su disposición de defender con uñas y dientes su “derecho” a recibir esos recursos. Eso no impidió, sin embargo,  que fuera particularmente enfática al afirmar que, en última instancia, es al pleno del Senado al que le toca decidir si acepta o no suspender el “barrilito”, y hasta se tomó la molestia de recordar lo que no hacía   falta que nos recordara: que el Senado, como poder independiente del Estado, es soberano, por lo que no se le puede imponer ese tipo de medidas. Y por supuesto que lo es, pero dudo mucho que la presidenta del Senado, o cualquiera de sus colegas que  tanto empeño y cinismo ponen en justificar lo injustificable, tenga argumentos convincentes  para defender  la  “soberanía” de la que se han valido para legislar en su propio beneficio, porque de eso es  precisamente de lo que se trata cuando se habla del dichoso “barrilito”.