Esta semana hemos caído en indefensiones propias de Estados fallidos: ocultamientos, negligencias y violaciones a disposiciones legales y reglamentarias por autoridades. Lo sucedido alrededor del Pacto Migratorio, tragedia explosiva en Villas Agrícolas aprobaciones presupuestarias, así lo evidencian.
El juramento presidencial consigna “cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes” y “respetar los derechos…de los ciudadanos…”. Estos derechos llevan al deber de velar por el “ejercicio transparente de la función pública” (Art. 75.12 Constitución); transparencia no cumplida por el gobierno en el Pacto Migratorio. Su concepción, elaboración y discusión, iniciada hace dos años fue implementada a “escondidas y voz baja”; proceder imposible de mantener en una sociedad informatizada como la nuestra. Al descubrirse, concitó tal nivel protesta que obligó al gobierno a desistir del pacto, abortando un instrumento que de haberlo aireado adecuadamente hubiera podido mejorarse y utilizarlo para disipar amenazas migratorias a nuestra identidad.
Medios progubernamentales se rasgan las vestiduras contra empresas por la explosión que provocó la tragedia en Villas Agrícolas; tanto que dejan la sensación de sobreculpar empresas para exculpar al Estado. Ante esta lamentable tragedia el Estado debe responder interrogantes sobre todo al divulgarse estudios sobre riesgos de industrias inflamables en esa zona densamente poblada. Cabe preguntar, p.e., si realizó las inspecciones ambientales periódicas mandadas en Art. 53 de la ley 64-00, si vigiló el cumplimiento de disposiciones de seguridad establecidas en el reglamento 522-06; si se ponderó la relocalización industrial o, en su defecto, los reasentamientos humanos; porqué otorgó permisos de uso del suelo para autorizar construcciones como escuelas y Centros de Atención Primaria para brindar servicios a niños. O si el gobierno se impuso para construir esos delicados proyectos próximos a instalaciones riesgosas.
En el Congreso Nacional avanzan aprobaciones presupuestarias. El gobierno presentó el presupuesto complementario 2018 cuando éste está terminando en lugar de mediados de año como manda, lógicamente, la ley. Aprobarle presupuesto ya ejecutado constituye una mala práctica. Sugiere legítima sospecha de legalizar gastos incurridos procurando descargo por sus desafueros. Desnaturaliza el concepto presupuestario que supone legislar programáticamente antes de gastar. Como ha sido práctica seguida por el presente gobierno durante años, estamos frente a una peligrosa tendencia contraria a las previsiones constitucionales que ordenan una “fiel inversión de las rentas nacionales”(art.128.2.e).
También avanzan discusiones sobre presupuesto 2019. En este, el gobierno admite situaciones perjudiciales para nuestra economía, de déficits y endeudamientos.
Si la oposición sigue endosando estas malas prácticas, le sería imputable complicidad de hacer fallar nuestro Estado.
Otras indefensiones evidencian la ruta fallida que nos están llevando las autoridades.
Conformémonos por ahora, con las graves y trágicas citadas.