Según datos de OMS asumidos por Salud Pública, durante 2009 hubo 10.2 millones de atenciones ambulatorias, demostrando que los dominicanos acuden a consulta médica solo una vez por año, promedio afectado por 219,288 nacimientos que demandaron atenciones pediátricas y ginecológicas más frecuentes; y que los establecimientos ambulatorios privados más que duplican los públicos, seguridad social incluida.

Durante las cuatro semanas precedentes al 14/08/2010 fueron reportados dengue en uno de cada 5000 dominicanos por negligencias de autoridades frente al mosquito transmisor de esta enfermedad, actitud similar en el caso de roedores y control epidemiológico migratorio para otras.

La precariedad de servicios de salud pública y la indefensión en que nos encontramos no puede ser más evidente.

Semáforos dañados y agentes de tránsito convertidos en recaudadores producen taponamientos que encarecen la transportación y arriesgan la vida de conductores y transeúntes. Facturas eléctricas siguen reportando incrementos en medio de mayores apagones, no obstante un subsidio de US$700 millones anuales que podría eliminarse reduciendo costos de generación mediante licitaciones. Sufrimos más incendios forestales que en los últimos 15 años. Proliferan  incendios en establecimientos comerciales e industriales, incluyendo aquellos que expenden GLP, por no observar requerimientos de seguridad ante  autoridades indiferentes; como también ante vehículos que utilizan este combustible. Plantas de emergencia han explotado por excesivos apagones provocando daños en vehículos estacionados, incendiando otros, por no hacer cumplir previsiones  en manejo de equipos consumidores de combustibles alternativos. Espacios abiertos, especialmente verdes, son ocupados por quienes deben preservarlos. Empleados gubernamentales y municipales depredan con saña nuestros árboles. OMSA se alía con chantajistas para incrementar el precio del pasaje. La arbitrariedad de organismos de calificación crediticia cómplices del sistema condena a muerte económica a ciudadanos ante impasibilidad oficial.

Y qué decir de la inseguridad ciudadana acosada por delincuencia y tráficos ante funcionarios que se resisten a admitir el agotamiento de su capacidad moral y administrativa para encararla.

Para colmo, en la Winston Churchill acabamos de presenciar dos hechos que colman la indefensión: Por una avería la CAASD adoptó la drástica disposición de desaguar un tanque de almacenamiento, exponiendo asentamientos humanos, transeúntes y vehículos ubicados agua abajo; actitud similar al desfogue de la Presa de Tavera cuando la tormenta Olga. Y un agente de AMET confundió alegremente un mensajero con un asaltante, manipulándose posteriormente su cuerpo en forma tal que agravó el estado de la víctima.

Ojalá que a las instancias responsables de nuestra nación lleguen a tomar conciencia actuante frente a esta indefensión, por las fatales consecuencias que  puede acarrearnos para preservar nuestra nacionalidad en civilización y soberanía.