El 18 de junio del 2013, por este mismo espacio, a propósito de la designación de la distinguida dama Zoila Martínez como defensora del pueblo, con el título de “Retrato de un pueblo indefenso”, escribí lo siguiente: Siempre estuve convencido de que la designación de un “defensor del pueblo” constituiría un fracaso de importación de una idea mal asimilada, siendo, en realidad, “algo” que a “alguien” se le ocurrió copiar de “algún” país, pretendiendo transmitir a la ciudadanía un mensaje de preocupación por su suerte y bienestar. Pero, al igual que ocurre con sobresalientes disparates que hay en otros países y muchos quieren introducir en el nuestro como novedad, la figura del defensor del pueblo es una solemne barrabasada porque presupone la ineficiencia y/o nulidad de otras instancias del Estado cuyas funciones constitucionales están explícitas o implícitas como defensoría o protección del pueblo. Termina la cita.
El asalto y atropello de que fue víctima doña Zoila corrobora vergonzosamente mi planteamiento de hace tres años: ¿A qué pueblo va a defender una destacada noble señora que, aparte de no disponer de instrumentos o recursos para hacer valer sus decisiones y propuestas, ni siquiera contaba, en el momento de ser atacada, con un guardaespaldas de esos que cualquier funcionarito gubernamental tiene como lujo? ¿Se necesita algo más que este incidente lamentable para evidenciar que no sirven como defensores del pueblo la policía nacional, el procurador general de la República, la Suprema Corte de Justicia, las cámaras legislativas, los gobernadores y síndicos, comisiones de defensa a los derechos humanos, la defensa civil, comisiones anticorrupción, etcétera, sin excluir, por supuesto, al presidente de la República…. ¡Caramba, qué calamidad!