Todo proyecto de extracción de riquezas, metálicas o no, que implique horadar con severidad la corteza terrestre con posibles repercusiones en el subsuelo y reservas hídricas, por cuyo control debe velarse, obligan a los gobiernos a medir bien las consecuencias; a asegurarse con meticulosidad de estudios si las tecnologías a emplearse serían de las de menos resultados indeseables para la madre naturaleza; con garantías de aceptables remediaciones posteriores a los daños con suscripción de compromiso con el Estado y sustancial participación de la nación en los beneficios. Todo esto en plazos razonables para no desaprovechar con innecesaria largueza el obtener del seno de la tierra apreciables recursos mientras en el entorno urgen sus beneficios y persiste la necesidad de utilizarlos. Lo peor es que la irritante moratoria podría ocurrir porque las autoridades no dan pasos al frente siquiera con análisis científicos medioambientales para las decisiones de extraer o no extraer minerales; llámese oro o quizás más adelante las sustancias químicas de las llamadas tierras raras. En el caso de las reservas auríferas de la provincia de San Juan, el Gobierno se ha plegado a excesivas presiones del fundamentalismo ecológico absteniéndose incluso de aplicar un estudio de impacto ambiental para definir con rigor científico si la explotación es compatible allí con la prioridad de proteger los otros recursos que la naturaleza aporta a esa región y a sus laboriosos habitantes dignos de todo respeto en sus determinaciones.
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En contradicción con el supuesto celo oficial con los bienes territoriales de esa parte del sur, está ocurriendo que el Ministerio medioambiental atraviesa por serias limitaciones económicas, de personal y logística para proteger valiosos patrimonios lo que es de su incumbencia por lo que más de 130 áreas a mantener libres de depredadores están a la buena de Dios. Los guardaparques y militares disponibles no son suficientes para las vigilancias a que obliga el interés de la República mientras aparece presupuesto para otras causas sin la crucial importancia de frenar deforestaciones y descomunales extracciones de materiales de ríos y cuencas que amenazan la existencia de un recurso vital: el agua.