Se deduce que ahora que el procurador general Radhamés Jiménez Peña ha calificado como “acto politiquero” el tema de la Sun Land, la Suprema Corte de Justicia tendría que manejar sin dictamen del Ministerio Público el  expediente que se le ha sometido en relación con un contrato de deuda del Gobierno dominicano con esa empresa canadiense, con el cual, a decir de partidos de la oposición, se habría violado la Constitución por no haber sido sometido a la consideración del  Congreso.

Desde luego, lo anterior es una opinión profana nuestra, basada en un aparentemente obsoleto principio moral y ético.

La Suprema Corte de Justicia esperaba que el procurador general, que ejerce el Ministerio Público a nombre de la sociedad,  emitiera  un dictamen que ese tribunal le había solicitado sobre el caso Sun Land, que le fuera sometido.

El procurador, en cambio,  ha preferido emitir como  declaración pública, en vez de atender el requerimiento de la Suprema Corte, lo que pudo haber sido el dictamen esperado  para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contrato Sun Land.

¿No hay en esa actitud un acto de indelicadeza a partir del cual queda invalidada la facultad del procurador para dictaminar sobre este caso?

Una parte de la sociedad ha cuestionado la legalidad de los procedimientos que desembocaron en el contrato Gobierno Dominicano-Sun Land.

Hay sobre ello una suspicacia de inconstitucionalidad cuya dilucidación ahora resulta incidentada por una  declaración pública del procurador.

La Suprema Corte tiene la palabra.

Transacciones

En vez de un 10%, como corresponde por ley, el Poder Ejecutivo asignará a los ayuntamientos un 8% de los ingresos fiscales previstos para 2008.

Se ha producido una transacción mediante la cual la Federación Dominicana de Municipios acepta que el Gobierno asuma una deuda de RD$2,000 millones que tienen los ayuntamientos con la Seguridad Social.

El Gobierno ha invocado dificultades para justificar la no entrega del 10% a los ayuntamientos, pero es difícil entender que al mismo tiempo se hable del manejo de excedentes fiscales por unos veintidós mil millones de pesos en el presente año.

De cualquier modo, la enseñanza que queda es que la principal vocación en este país parece ser el recurso de la transacción en vez de hacer lo que manda la ley, y que lo ejerce tanto un Gobierno que está manejando excedentes fiscales como una combativa Federación Dominicana de Municipios que depuso sus demandas en el último momento.

En el justo contexto de la institucionalidad, lo que debe prevalecer es la vocación por acogernos a las reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto. De otro modo, la consensuación y la transacción continuarán siendo el lastre que impide que este país brille por la fortaleza de sus instituciones.

En algún momento de nuestra historia tendremos que ocuparnos de consignar la importancia de que los gobiernos municipales recobren toda la autoridad que requieren para impulsar el desarrollo de sus comunidades y para descentralizar la toma de decisiones en determinadas materias.

En el caso que nos ocupa ha habido una salida armoniosa, un acuerdo que mejora la capacidad financiera de los ayuntamientos y que permite que su gente ingrese al sistema de Seguridad Social, pero que aplaza nuevamente el cumplimiento de una ley.