La reforma constitucional debe ser aprovechada para fortalecer la independencia del Banco Central y no para debilitar una institución clave, esencial para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y base indispensable del desarrollo económico y social.

Por eso, preocupa mucho que la Asamblea Nacional no haya consagrado la inamovilidad del gobernador del Banco Central y de los miembros de la Junta Monetaria por un tiempo que no coincida con los períodos electorales. Aunque ello puede ser incluido en una reforma de la Ley Monetaria y Financiera (LMF), debería quedar consagrado en nuestra Carta Magna el carácter autónomo del Banco Central con lo que, por lo menos, preservaríamos lo que avanzamos en 1947 cuando se consagró por vez primera en nuestra Constitución, y de manera precursora en el continente sino en el mundo, la existencia de una “entidad emisora (…) única y autónoma” (Artículo 111, párrafos II y III).

La independencia del Banco Central debe ser preservada pues la función de control de la tasa de crecimiento de los activos líquidos en manos del público a cargo de las autoridades monetarias no puede ser desarrollada eficazmente si el Poder Ejecutivo, ante la insuficiencia de sus ingresos fiscales, pudiese obligar a la entidad emisora a aportar liquidez al sistema económico a través de la emisión de moneda, produciéndose la monetización del gasto y, consecuentemente, inflación. De ahí que el Banco Central deba gozar de autonomía en la medida en que la misma asegura un grado de neutralización política en el gobierno de la moneda que resulta necesario para la estabilidad macroeconómica. De más está decir que esa autonomía no puede ser lograda allí donde las autoridades monetarias son de libre remoción por el ejecutivo.

Es cierto que hay una gran literatura especializada que critica la independencia de las autoridades monetarias. Muestra paradigmática es el economista Joseph Stiglitz para quien los bancos centrales independientes diseñan y ejecutan su política monetaria a espaldas de los funcionarios elegidos por el pueblo. No compartimos esta opinión pues, al igual que Jon Elster, pensamos que “si el gobierno tiene control directo sobre la política monetaria, podrá utilizarla para mejorar sus posibilidades de reelegirse en vez de servir el interés público”. Por eso, es preferible un banco central que sea siempre más conservador que el pueblo de modo que se garantice que las inconsistencias inter-temporales de los políticos que conquistan a sus electores prometiéndoles más empleo queden contrarrestadas por un banco central independiente. En este sentido, el gobierno puede gastar todo lo que quiera pero el banco central diseña y ejecuta su política monetaria atendiendo a su objetivo único de mantener la estabilidad de precios.

Puede afirmarse que “así como las altas cortes deben ser independientes del gobierno de turno, para que la justicia obedezca al derecho y no a los intereses políticos o a los del propio gobierno, así también el banco central debe ser autónomo del gobierno” (Salomón Kalmanovitz). Es claro entonces que, en el plano de las finanzas públicas, opera un principio de separación de poderes: el gobierno tiene a su cargo las funciones que generan gasto y, en consecuencia, liquidez, y las funciones de control de esa liquidez, para que se mantengan en el camino adecuado para lograr el objetivo de la estabilidad de precios, quedan a cargo de un banco central independiente. En todo caso, como bien señala Elster, la separación de poderes “sirve para contrarrestar intereses partidistas”.

¿Cómo controlar a un banco central independiente? Permitir la libre remoción de las autoridades monetarias sería tan ilegítimo como la destitución de jueces inamovibles. Por eso, lo conveniente es fomentar la transparencia de la banca central, exigir rendición de cuentas periódicas de las autoridades monetarias ante el Poder Legislativo, requerir altos niveles de especialización en los integrantes de la banca central, y someter a control jurisdiccional sus actos. Un banco central politizado nos conduce directamente a la hiperinflación destructora del capital y de la riqueza. De ahí que insistimos: hay que aprovechar la reforma constitucional para consolidar la autonomía del Banco Central y su neutralidad político-partidista, de modo que aseguremos la estabilidad macroeconómica, activo de nuestra democracia y base  del desarrollo sostenido y sostenible de la nación.