Independencia e institucionalidad judicial como el camino al desarrollo nacional

Al visualizar el desarrollo nacional, es notorio que para su cumplimiento muchas barreras se deben superar. Considerando que lograr el cometido de estabilizar una nación a niveles de desarrollo implica resolver una inmensidad de problemas, el primer “inconveniente” es definir cuál de estos elegir para solucionar primero.

Es tal vez este “inconveniente” uno de los mayores, ya que al elegir resolver un problema antes que otro y al hacer una elección equivocada nuevos problemas surgen y los ya existentes se agravan. Soy de los que entiende que el primer problema es la ausencia de una institucionalización eficaz en nuestro país. Claro, aunque es un problema complejo y difícil de resolver, el primer paso a dar debe ser el logro de la total independencia e institucionalidad judicial.

El poder judicial es la piedra base sobre la cual los demás poderes e instituciones del Estado deben fundamentarse para optimizar su funcionamiento y estructuración. Es que el poder judicial por su naturaleza es el control de los demás poderes, y sin un sistema de control efectivo, el desarrollo es simplemente imposible.

Sin un sistema judicial autónomo e institucionalizado, los actos criminales de todos los niveles quedan de una forma u otra impunes, la inequidad judicial para con la sociedad no garantiza los derechos de la población lo cual conlleva que el estado de derecho se ve afectado. Sin el correcto funcionamiento del aparato judicial, los titulares de posiciones de poder se ven ilimitados en su ejercicio; los problemas litigiosos civiles o comerciales no encuentran soluciones equidistantes, efectivas y/o creíbles, lo que a su vez se traduce en una desmotivación para la actividad comercial. En definitiva sin un sistema judicial independiente e institucionalizado, el país se mantiene indefinidamente inmerso en estado de semi-anarquía.

Por el otro lado, con un sistema judicial de fuertes sostenes institucionales, la tranquilidad ciudadana se traduce en la solución de conflictos en los tribunales; los funcionarios se auto limitan en el sobre ejercicio de sus poderes, por temor real de lo que podría ser una sentencia incontrolable en su contra; florece la confianza del empresariado nacional e internacional para la inversión, pues estarían garantizadas por el buen funcionamiento judicial. En definitiva, esto se convertiría en el riel sobre el cual puede firmemente transitar la nación y encaminarse sin desvíos al desarrollo.

Pero independencia no significa necesariamente apartidismo, pues todo el mundo tiene sus simpatías y no solo es normal sino también saludable. El concepto de independencia entiendo que debe ir de la mano con el de institucionalidad, pues aunque siempre los jueces tendrán preferencias políticas y tal vez hasta relaciones, estas no podrán sobre tomar al juez en la toma de sus decisiones por la institucionalidad existente, ya que implicaría una criminalización de su ejercicio.

El primer paso para lograr estos estándares se llevó a cabo con la modificación constitucional del 1994 al establecerse el Consejo Nacional de la Magistratura como el mecanismo para la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el sistema judicial dominicano sigue atado inexorablemente al poder ejecutivo en lo referente a la persecución criminal, pues el Ministerio Público sigue siendo parte del ejecutivo.

Como los jueces no están facultados para tomar iniciativa de persecución de acuerdo a sus atribuciones, los criminales perseguidos y enjuiciados son aquellos presentados por el Ministerio Público. Por esta razón si algún miembro de la magistratura en el ejercicio de sus funciones realiza actos criminales, para ser penalizado deberá ser perseguido por el Ministerio Público, y si este individuo se encuentra parcializado a favor del gobierno de turno, o las acciones son justamente para beneficiar a dicho gobierno, entonces no será perseguido judicialmente y su impunidad seguirá siendo una realidad. Con este hecho se consuma la falta de institucionalidad o al menos una brecha institucional lo suficientemente importante como para que se quiebre el riel que nos encaminaría al desarrollo.

Aunque hemos emprendido el proceso que da inicio al desarrollo hace 10 años, existen algunos problemas que debemos resolver aun para poder completar el primer paso. En la segunda parte de este artículo trataré sobre el Ministerio Público y la necesidad de su independencia, así como de las distintas alternativas para poder alcanzarla de la forma más efectiva posible.