San Juan.- Formaciones políticas independentistas y de la izquierda de Puerto Rico llaman a desobedecer a la junta de supervisión encargada de reestructurar la deuda, que catalogan de imposición desde EE.UU. a la isla.

La candidata del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a la gobernación, María de Lourdes Santiago, pidió hoy no colaborar con la junta aprobada por el Congreso de EE.UU. para dar solución a la deuda de la isla que ronda los 68.000 millones de dólares.

“Quien colabora con la junta colabora con la colonia”, dijo Santiago en declaraciones radiales sobre esa entidad creada por la ley Promesa y que será integrada por siete personas de las listas presentadas por los líderes del Congreso y una a la discreción del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Santiago dijo que el Ejecutivo local debe actuar con el pequeño margen de autogobierno que le concede al Gobierno, el actual estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU. La dirigente reclamó por todo ello una “actitud de confrontación» ante la junta de control fiscal federal que en los próximos meses deberá empezar a tomar medidas que muchos temen deterioren todavía más las condiciones de vida de la población local.

Las palabras de Santiago fueron suscritas hoy por el candidato a gobernador en las elecciones del próximo mes noviembre del minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, quien abogó por la resistencia a una junta que considera impuesta desde Washington.

“Cuantas más organizaciones estén contra la junta mejor”, aseguró Bernabe, tras insistir en que está dispuesto a analizar con Santiago y otros grupos en contra de la junta estrategias para crear una respuesta coordinada.

Bernabe advirtió además que aún la gente no sabe bien cuáles son las consecuencias de la ley Promesa y la junta que lleva aparejada, pero que tan pronto esa entidad tome las primeras medidas el descontento aumentará entre la población.

La ley Promesa que establece la junta fue criticada, incluso, en el momento de su aprobación por algunos legisladores estadounidenses por considerarla una medida de carácter colonial para Puerto Rico. La entidad dispondrá de amplios poderes que afectarán a la fiscalidad, presupuestos anuales, intervención en la elaboración de leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas.

La intervención de Washington llega tras degradarse la situación en Puerto Rico, que lleva más de una década sumido en una recesión y padece una crisis de liquidez que ha llevado al Gobierno local a anunciar la imposibilidad de asumir sus compromisos con los acreedores.

El pasado 1 de julio el Gobierno de Puerto Rico dejó sin pagar a los acreedores un total de 779 millones de dólares en Obligaciones Generales (GO’s), un tipo de deuda emitida directamente por el Ejecutivo y cuyo cobro está respaldado por la Constitución de la isla caribeña.

El del pasado julio fue el primer impago de deuda garantizada, aunque ya se habían dejado de pagar cientos de millones de dólares en deuda emitida por corporaciones dependientes del Gobierno durante el último año. Las agencias de calificación respondieron al impago con la degradación al nivel más bajo posible de la calificación de las GO’s de Puerto Rico.