Hoy 
La Junta Central Electoral (JCE), cuyos méritos fueron reconocidos por haber organizado unas elecciones presidenciales diáfanas en el 2004, está ahora en banquillo de cuestionamiento por haber aceptado violaciones a sus propias reglas.
Las irregularidades en la inscripción de candidaturas de una alianza política ha consistido, según se afirma, en haber aceptado que el depósito de las nominaciones se hiciera vencido el plazo estipulado por la ley y que, además, se permitiese que los interesados hicieran cambios en la documentación tardíamente depositada.
De un lado están quienes atribuyen la culpa de esta irregularidad al secretario de la JCE, Antonio Lockward Artiles. Del otro lado está el propio Lockward, quien ha declarado que tres de los jueces de la Junta le autorizaron a aceptar las inscripciones habiendo vencido el plazo legal.
Sea como haya sido, lo que está en la picota es precisamente la credibilidad de una Junta que, del modo que fuere, ha permitido que sus propias pautas sean violentadas dando tratamiento privilegiado a una alianza política que, conociendo los términos de la ley, ha incurrido en falta.
Ahora hay disparidades de criterio y repartición de culpas entre algunos de los miembros del pleno de la JCE y el secretario de la misma por un asunto indeseable, que jamás debió ocurrir.
Lo que procede ahora es que, con el mayor apego a la ley, la JCE armonice sus intereses internos y proceda a corregir todos los pasos torcidos que detecte en el caso específico de la inscripción de candidaturas.
Ningún partido o alianza de partidos debe merecer tratamiento privilegiado en medio de un proceso electoral, pues de haberlo, se estaría siendo desleal al espíritu de la democracia.
En este caso, el cuestionamiento afecta precisamente al organismo que es organizador y árbitro del proceso electoral. Es una situación indeseable que debe ser superada a corto plazo, sobre todo porque ocurre nada menos que horas después de haberse atribuido al presidente de la corte electoral un imprudente pronunciamiento en el cual se aboga por un equilibrio entre las fuerzas que conforman el Congreso Nacional y los municipios.
El Soberano
Lo que para el máximo galardón de los premios Casandra es su identificación, para Rafael Solano, una gloria de nuestra música, debe ser una merecida calificación. Él es todo un soberano de nuestra música.
Su inventario de realizaciones musicales es grato y amplio y por lo menos una de sus composiciones, «Por amor», ha paseado el mundo de boca en boca en múltiples idiomas.
En la vigésimo segunda entrega de los premios Casandra se ha hecho un verdadero acto de justicia al otorgar El Soberano a Rafael Solano. Es una premiación que, en honor a la verdad, ha merecido desde siempre pero que, sin embargo, es oportuna.
Las composiciones de este músico han deleitado muchos corazones y han servido de colofón a momentos inolvidables para muchas personas. Ha sido un acto de justicia el haber premiado a un auténtico soberano.
Importa resaltar la exquisita calidad del justo homenaje tributado a José Manuel Lope Balaguer, una estrella que ha brillado, con luz propia, durante más de 60 años. Y debe hacerse consignar la nobleza de Lope Balaguer al recordar y destacar la participación de dos astros del ayer romántico que hoy padecen enfermedades hasta propias de su prolongada edad: el doctor Manuel Sánchez Acosta y el eterno trovador y autor musical Juan Lockward.
