Todavía no ha sido debidamente esclarecido el escándalo suscitado en diciembre pasado por la excarcelación de varios reclusos que habían sido expresamente objetados y otros que no fueron recomendados por la que para entonces se denominaba Comisión de Indulto.

En esa oportunidad se incluyó «misteriosamente» entre los beneficiarios del indulto a personas condenadas por actos criminales y con juicios pendientes en segunda instancia por iniciativa del Ministerio Público y parte civil, lo que las descalificaba para merecer tal beneficio.

Se recuerda que la Procuraduría General de la República prometió investigar y establecer responsabilidades, y hasta «disolvió» la Comisión de Indulto para crear un nuevo equipo encargado de evaluar los presos a recomendar para ser perdonados por el Poder Ejecutivo.

A pesar de todo eso, tenemos que el indulto es nuevamente motivo de escándalo, pues ya se denuncia que en las excarcelaciones del 27 de febrero pasado, con motivo del 160 aniversario de la Independencia Nacional, se incluyó a personas que habían sido objetadas por la comisión encargada de evaluar a los presos.

En tres oportunidades consecutivas el indulto ha sido piedra de escándalo. En las tres ocasiones «alguien» se ha encargado de «colar» en la lista de beneficiarios a personas que no califican para ser perdonadas, no sólo por la naturaleza de las acusaciones puestas en su haber y por tener pendientes procesos derivados de decisiones de primera instancia, sino porque no habían cumplido la proporción de la condena a partir de la cual se es elegible para el indulto.

Está visto, pues, que el trabajo de quienes evalúan los presos a ser indultados es siempre «enmendado» por una mano misteriosa que termina logrando lo que quiere.

[b]-II-[/b]

Lo escandaloso de todo esto es que el Ministerio Público tolere que haya una especie de Comisión de Indulto «ad hoc» que pueda hacer impunemente un trabajo paralelo al de la comisión oficial y que siempre logra salirse con la suya.

Si el trabajo de la Comisión de Indulto tiene quien lo supervise y dé seguimiento, cómo se explica que en el decreto resultante de sus recomendaciones estén incluidas personas que jamás estuvieron en la lista de recomendados o que hayan sido excluidos presos elegibles para ser perdonados.

Ha habido un manejo inadecuado de los indultos en ciertos estamentos. Se ha jugado con la facultad exclusiva del Presidente de la República, de perdonar a reos, haciéndole incluir, sin que fuese el propósito expreso del mandatario, a personas que no califican para el beneficio del perdón.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, ha anunciado que abandonará la Comisión de Indultos porque el 27 de febrero fueron indultados reclusos que ésta había descalificado. Domingo Porfirio Rojas Nina, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, afirma que hay quienes manipulan el trabajo de la Comisión de Indultos.

La concesión de indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República. No puede ser que se permita que manos ocultas estén manipulando mesta facultad, poniendo al Presidente a beneficiar a quienes no lo merecen.

El indulto debería servir para favorecer no sólo a quienes probadamente han observado buena conducta en prisión, sino que además hayan llenado todos los requisitos que les hacen elegibles para ser perdonados. Es un beneficio que, por otra parte, debe favorecer a presos afectados de enfermedades crónicas o terminales y cuyo estado de salud resulte agravado por el hacinamiento en las cárceles.

Creemos que es hora de ponerle fin a estos escándalos suscitados por los manejos turbios en la concesión de indultos.