Horas después de alertar acerca de la crisis de liquidez que encaran las arcas públicas y solicitar recortes inmediatos para proteger el poco efectivo que hay en caja, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió ayer una segunda carta al gobernador Ricardo Rosselló para indicarle que su plan fiscal no puede ser certificado.

Acto seguido, la JSF dio a Rosselló un plazo de 48 horas para que enmiende el documento.
En una misiva de cinco páginas, el presidente de la JSF, José B. Carrión, manifestó a Rosselló que el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR) no cumple con los requisitos establecidos en la ley federal PROMESA y tampoco cuadra el presupuesto en el plazo de dos años establecido por el organismo.
De acuerdo a Carrión, el Gobierno ha presentado un plan “extremadamente optimista” y que parte de proyecciones “irrealistas” e insta a hacer modificaciones inmediatas.
Según la JSF, Rosselló Nevares tendrá hasta el próximo 11 de marzo para presentar el plan revisado.
“Nuestra revisión del plan propuesto nos lleva a la conclusión de que las reformas estructurales del Gobierno no alcanzará el balance fiscal en dos años”, reza la carta de Carrión.
La decisión de la JSF supone un fuerte revés a la administración de Rosselló Nevares y al equipo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y los asesores del Gobierno, quienes por espacio de 58 días y prácticamente, sin información financiera confiable, articuló un conjunto de estrategias para cuadrar el presupuesto a dos años, según le solicitó el organismo federal.
Sobre todo, la decisión de la JSF se produce a solo cuatro días de que el ente federal celebre su quinta reunión pública y donde se espera que el ente federal discuta el plan fiscal que tendrá Puerto Rico. La reunión se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en el edificio federal Alexander Hamilton de la ciudad de Nueva York. De acuerdo con el calendario de trabajo autoimpuesto por la JSF, el plan fiscal de Puerto Rico debe estar certificado para el 15 de marzo próximo, allanando el camino para un proceso de renegociación de la deuda pública.
La determinación de la JSF se produce a menos de 24 horas de que el organismo federal solicitara a Rosselló que implementara un programa de recortes inmediatos en la jornada laboral, en contratos de servicios profesionales del Gobierno y en las tarifas de salud ante el poco dinero que el Departamento de Hacienda tiene en caja y el aumento drástico que habrá en los gastos públicos por el pago de las pensiones y el fin de los fondos federales.
En tanto que el representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez Sifonte, reiteró ayer que el plan fiscal de la administración de Ricardo Rosselló Nevares cumple con los objetivos establecidos en la ley federal PROMESA, mientras indicó que el organismo con poderes por encima del gobierno electo de la Isla de Puerto Rico, está errado en sus recomendaciones a Puerto Rico.