En los índices de delincuencia y criminalidad hay una variable que debería preocupar a los especialistas en reforma judicial y en el afinamiento de los medios de aflicción de la ley y sanción del delito.

El índice sorprendentemente elevado de reincidencia hace intuir que, por las causas que fuere, en el país no parece haber una aplicación rigurosa de la ley y que ciertos procesos no llegan a donde tienen que llegar.

Llama la atención la alta frecuencia de casos de reincidencia detectado entre antisociales capturados o muertos en enfrentamientos con las autoridades.

El aspecto más relevante es que la mayoría de estos reincidentes caen muertos o presos en momentos en que deberían estar purgando condenas por delitos o crímenes inmediatamente anteriores.

Gerson Nelly Fermín, uno de tres hombres muertos por una patrulla policial en La Enea, de San Francisco de Macorís, luego de que asaltaran una compraventa, estaba involucrado en el asesinato de un ferretero y un vigilante cometido en octubre durante un asalto contra un comercio en Las Terrenas, del cual se llevaron RD$50 millones.

En apenas tres meses, esa persona, implicada en crimen gravísimo, logró obtener su libertad y reincidir en quién sabe cuántos crímenes, antes de caer abatido por balas policiales.

Como ese han sido muchos los casos de reincidencia inexplicable.

– II –

Al margen de sentencias de descargo confirmadas en última instancia o de actos de no ha lugar en el proceso de sumaria, una persona comprometida en crímenes no tiene medios legales de salir en libertad antes de que llegara a consumarse el conocimiento del expediente de que se trate.

Hay, sin embargo, un ingrediente que podría estar conduciendo a la emisión de sentencias de descargo.

La mala instrumentación y sustanciación de expedientes criminales y el manejo inadecuado de evidencias podrían estar entre las causas que justifiquen estos índices tan altos de reincidencia.

Han sido muchos y muy frecuentes los casos de este tipo de reincidencia y no se trata de una experiencia de estos tiempos. Por ejemplo, los principales inculpados en el asesinato del senador Darío Gómez, cometido el 14 de diciembre del 2001, estaban condenados por otros crímenes y al momento de involucrarse en ese hecho de sangre no podía justificarse que anduvieran en libertad.

Nuestra preocupación como sociedad tiene que ir más allá de la reforma del aparato judicial. Necesariamente tiene que concentrarse en estos detalles que parecen ser indicadores de fallas muy graves en alguna fase de los procedimientos de administración de justicia.

Una de las más grandes preocupaciones de algunos investigadores policiales es la facilidad con que algunos criminales obtienen la libertad. Algo está funcionando mal y está originando estos índices tan preocupantes.

Es un contrasentido terrible que una sociedad cuente con un instrumento judicial aparentemente depurado y, sin embargo, los índices de reincidencia revelen que en alguna de sus partes se están cometiendo fallas.

Hay que ponerle atención a ese aspecto.