Indice cae por casos de corrupción

<p>Indice cae por casos de corrupción</p>

POR SOILA PANIAGUA
El embajador de Estados Unidos en el país, Hans Hertell, dijo ayer que los recientes casos de corrupción que han salido a la luz pública en el país podrían ser una de las razones de la caída en la clasificación de República Dominicana en el Indice de Transparencia Internacional.

Atacar la corrupción debe ser una de las principales prioridades de los dominicanos, ya que ese flagelo genera injusticia e impunidad, dijo Hertell tras señalar que en los últimos índices publicados por Transparencia Internacional “República Dominicana tiene grandes retos por delante en varios renglones”.

Dijo que para luchar contra la corrupción, las autoridades deben reconocer que la corrupción existe y que se debe atacar y desenmascarar.

“Las autoridades deben procesar y castigar, especialmente a aquellos funcionarios y ejecutivos que se enriquecen mediante la corrupción, el soborno o el fraude, sin importar afiliaciones políticas. Al fin y al cabo, el resultado es que hay un costo al pueblo. Piénsenlo cuando paguen sus contribuciones”, dijo Hertell al participar en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio con el tema “Mirando hacia atrás y hacia el futuro”.

Manifestó que a mediano plazo, la clasificación del país en el índice de Transparencia Internacional mejorará si las autoridades  tienen éxito en su lucha contra la corrupción.

“Lo que es aún más importante es que les enviará un claro mensaje a los posibles inversionistas de que en el país el trato es justo, que existe la igualdad en los tribunales, y hay respeto a los contratos. Les aseguro que a mediano y largo plazo, el país crecerá con más dinamismo”.

Confió en que  el sistema judicial se fortalezca, demostrando que es el custodio de la integridad del estado de derecho.

Al responder  preguntas  de los invitados al almuerzo de la Cámara Americana, Hertell afirmó  que la crisis eléctrica es uno de los problemas más serios que tiene el país, el cual le impide progresar.

“Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, porque hay tantos informes, inclusive de nuestro gobierno, el de Estados Unidos,  todo el mundo sabe cuál es el problema, ahora hay que actuar”, expresó.

No obstante, manifestó que  el control del Estado sobre el sector, como ocurría en el pasado, no es la solución. Abogó porque se apliquen fórmulas para que el sistema funcione como ocurre en casi todos los países del hemisferio.

Sobre las principales prioridades de Estados Unidos en el hemisferio en estos momentos, Hertell citó la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho, afirmando que esos son de los males más grandes que afectan a los pueblos.

En otro orden, sostuvo que Estados  Unidos está dispuesto a esperar todo el tiempo que haga falta para que el país cumpla  con los requisitos exigidos en el marco del DR-CAFTA y refirió que hay un período en el que República Dominicana ser certificada que es de uno dos años.

Confió en que el  acuerdo empiece pronto, y especificó que su país no ha tratado diferente a los dominicanos que a las demás naciones que integran el DR-CAFTA, entre estas El Salvador, Nicaragua y Honduras, las que ya cumplieron con los requerimientos y fueron certificadas.

Opinó que debe haber una voluntad política para que el DR-CAFTA se convierta en una prioridad nacional, tras señalar que ha pasado mucho tiempo desde la fecha que se fijó  para   la entrada  en vigor del acuerdo, que fue el primero de enero y luego a principios de julio de este año.

“Después de la reunión en la Casa Blanca yo no creo que haya nada que esté impidiendo que se tomen las medidas necesarias  para implementar el acuerdo”, dijo.

Entre los beneficios que aportaría el DR-CAFTA al país Hertell citó el ahorro de los consumidores, ya que incidirá en una    reducción de los precios de productos de consumo que podría bajar hasta en un 20%, su aporte a la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, y el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.

Citó el caso de la Ley de compra y servicio por parte del Estado, la cual todavía no ha sido aprobada a pesar de que es uno de los requisitos del DR-CAFTA.

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