CARMEN IMBERT BRUGAL
Los esporádicos actos de violencia contra infractores flagrantes preocupan a unos, para otros significan una reivindicación de la venganza privada. Ocurren, dicen, por la desidia del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía Nacional. A pesar de los discursos, las autoridades encargadas de aplicar la ley, demuestran torpeza para aprovechar lo mejor de la nueva normativa procesal. Reincidentes y autores novicios campean por su fueros sin temor a la sanción.

Más que recurrir a la torpeza o a la desidia es imperativo reiterar, por enésima ocasión, que el origen de los males está en la impunidad. Los detentadores del poder la asumen como un principio irrefragable. Cada día un nuevo episodio lo confirma. Con o sin código procesal penal, burlar la ley es una práctica descarada y el colectivo la percibe como normal. Cada ciudadano, cada funcionario, tiene su particular recetario para evadir la ley, ignorando la jurisdicción de juicio. Joaquín Balaguer bautizó las infracciones, cometidas por sus acólitos, como “indelicadezas”, luego vinieron las “travesuras”, las “bromas”. De ese modo se pueblan las cárceles con personas que no tienen a su servicio expertos en semántica para variar calificaciones y transformar homicidios, asesinatos, robos, desfalcos, narcotráfico en accidentes, equivocaciones, demostraciones de amor.

Todavía, por ejemplo, nadie le ha dicho al jefe de la Policía Nacional que el teniente coronel, encargado de la Dirección de Investigaciones Criminales en San Francisco de Macorís, cometió una infracción tipificada en el Código Penal como soborno o cohecho. El referido oficial detuvo a un individuo porque transportaba un millón seiscientos mil pesos y portaba una pistola sin el correspondiente permiso.

Para concederle su libertad y eximirlo de la acción pública, le exigió $600,000. El comandante, durante sus veintitrés años de servicio policial, había sido arrestado diez veces pero los arrestos no afectaron sus continuos ascensos.

No puede, el Jefe de la PN, resolver el asunto con una medida administrativa y exculpatoria concediéndole el disfrute de su pensión al teniente coronel, pura y simplemente. No puede fungir como juez y legislador porque se convierte en reo de prevaricación por usurpar funciones ajenas.

Sin necesidad de repetir el cansino recuento de impunidades, las cotidianas diligencias oficiales confirman el desprecio a la ley. El manejo antojadizo de la norma. La opinión pública se entretuvo, durante una semana, con la hazaña de un reo colombiano. Lo sucedido no es excepcional. Aunque no hay acopio de las frívolas anécdotas carcelarias, sería muy útil conocerlas. La composición social de la población encerrada lo impide. Carece de categoría noticiosa que un analfabeta sin prosapia solicite a su madre una loción para afeitar, un desodorante, un sancocho o le pida al hermano unas onzas de marihuana para soportar el tedio y las vejaciones del penal.

Las mayores extravagancias tras las rejas corresponden a sujetos de la élite social, política y económica, cuando el azar les lleva a un recinto carcelario. No hay recuento formal pero si memoria. Trátese de la instalación de acondicionadores de aire, cisternas, televisores, inodoros, lavamanos, computadoras, red de teléfonos móviles para continuar labores que una necia condena no puede impedir.

Visita de estilistas, servicios de lavandería, entrega de comida a la carta, entrada y salida, a cualquier hora, de familiares y allegados, carpas inmaculadas para proteger del sol a tanto visitante distinguido, refrigeradores portátiles para conservar el brindis, siempre al amparo de un preboste complaciente. Desde aquellos devaneos del corazón que permitían horarios distintos a esposas y amantes, hasta las celebraciones de tanto bellaco aparentando valentía, nuestras cárceles ratifican la imposibilidad de construir una sociedad distinta.

El público se divierte, comenta por doquier el descaro, la complicidad. Empero, descarta el análisis de los indicios, tal vez le teme a su contundencia. El reo colombiano fue visto, en un centro comercial, mientras dedicaba tiempo al realce de su estética. No fue sorprendido por los representantes del orden, estaba acompañado por ellos. Lo descubrió un parroquiano, ejecutivo de una empresa dedicada a la comunicación. Sin la eventualidad, el hecho pasa desapercibido.

El síntoma, convertido en proeza, es grave. Su difusión coincidió con la divulgación, días después, de la absolución del comandante. Podría afirmarse que las autoridades rechazan el estado de derecho. El caos permite primacías inadmisibles cuando rige la ley. Por eso se expande la verborrea adormecedora, el diseño de reformas inviables para continuar infringiendo reglas, auspiciando la desobediencia.

Hace mucho tiempo que él Código Penal es inservible.

Ignorado. El escándalo de hoy es el ascenso de mañana o el retiro honroso con derecho a pensión. Lo sabe el teniente coronel que tasó la libertad de un ciudadano, cobró $600,000 y está en su casa. Lo sabe el equipo que permite agradables paseos a privilegiados imputados.