¿Tendrá el presidente 02 que intervenir en su condición de jefe de Estado para que el Ministerio de Defensa acate una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena el otorgamiento de una pensión de trece mil pesos a favor de una pobre enferma viuda?
Es lamentable que la muy ocupada atención del presidente de la República tenga que distraerse en una situación de simple aplicación de ley, porque un ministerio se resista a cumplirla bajo alegatos improcedentes y dando un mal ejemplo a la población.
Me refiero al denunciado caso de la señora Ana Francisca Espinosa, viuda del Segundo Teniente Emilio Acosta Santillán, fallecido en el 1995, tras veinticinco años de convivencia marital y procrear cinco hijos con la referida dama.
Luego del fallecimiento del oficial, la señora Espinosa recibió durante cinco años una pensión de tutoría hasta que el menor de sus hijos alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo, a partir del 2000 la dama reclamó la pensión por viudez que establece la Ley 8-73, la cual le fue negada.
Luego de diecisiete años de litigios en la justicia, su caso llegó al Tribunal Constitucional donde obtuvo ganancia de causa con la sentencia 07-2017 del 4 de enero, donde se ordena el pago de la pensión retroactiva a partir del año 2000, sentencia desacatada por el Ministerio de Defensa.
En un país donde los políticos se adjudican pensiones de lujo sin pudor, regatear trece mil pesos a una persona anciana, hipertensa y con diabetes, llora ante la presencia de Dios y provoca indignación en la ciudadanía por lo que pedimos al presidente de la República enmendar este acto de injusticia.