El sistema político-judicial del país se ha convertido en una máquina trituradora de los principios elementales de la ética y la justicia, provocando en la ciudadanía un sentimiento de indignación que acumula tensión en la sociedad.
El descaro del aparato judicial ha prevalecido en el manejo de los principales casos de corrupción, dejando fuera de los expedientes de los Súper Tucano y la Odebrecht a altos funcionarios y legisladores participantes en los mismos.
Las compañías involucradas en estos actos de corrupción admitieron haber pagado 3.5 millones de dólares de soborno en el caso de los aviones y 92 millones por las contrataciones y sobrevaluaciones de las obras asignadas a la Odebrecht.
Sin embargo, ni los pejes gordos del oficialismo ni los legisladores participantes en las negociaciones de manera tan abierta que hasta visitaron la fábrica de los Súper Tucano, fueron incluidos en el expediente pese a estar debidamente identificados.
Igual pasó con el caso Odebrecht del que se dejaron fuera a importantes funcionarios del Gobierno de participación directa en las negociaciones y préstamos, y a los presidentes de las Cámaras que presionaron la aprobación de los contratos y adendas ilegales.
Pero el colmo de la desfachatez es que pese a existir nuevos elementos en su contra, amparado en una medida de simple revisión del caso, el juez Francisco Ortega, manda a sus casas a los mayores responsables locales del caso Odebrecht.
Mientras tanto, en el seno del pueblo se sigue acumulando una indignación que en algún momento tendrá que manifestarse porque, pese a la subestimación de la capacidad de reacción de los sectores sensatos, los corruptos de siempre, podrían acabar llevándose tremenda sorpresa.