Hoy 
El hecho de que un hospital lleve 13 años en un proceso de remozamiento que no da indicios de que vaya a culminar en el corto plazo, y que además en ese mismo centro estén amontonados sin el más elemental criterio de conservación equipos médicos delicados y costosos adquiridos con los dineros del erario, envía una penosa señal sobre el grado de indolencia de nuestras autoridades.
Lo que ha estado ocurriendo con el Hospital Antituberculoso Rodolfo de la Cruz Lora, de Pedro Brand, no tiene justificación ni explicación aceptable, que no sea la de que en este país el patrimonio público no tiene dolientes.
Después de iniciado, hace trece años, el acondicionamiento de ese hospital, son muchas las obras iniciadas y concluidas, algunas mucho más costosas que los trabajos que se han hecho en ese centro.
Por eso es válido sugerir que algún organismo de investigación, inclusive el Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO) establezcan las circunstancias, procedimientos y condiciones que mediaron en la contratación de los trabajos de remodelación del Rodolfo de la Cruz Lora y la adquisición de los equipos médicos que permanecen amontonados en un área polvorienta de dicho centro.
La interrupción de los trabajos de remodelación y el abandono de los equipos no parecen obra de una casualidad, y mucho menos de falta de dinero para continuar las tareas que ya deberían estar terminadas.
Ahora mismo el Gobierno está procurando la aprobación de un presupuesto complementario para poder utilizar en obras excedentes fiscales acumulados en lo que va de este año.
Creemos que vistas las circunstancias que rodean el abandono de la remodelación y el amontonamiento de los equipos médicos, no bastaría con solicitar la reanudación de los trabajos y la instalación de los aparatos, sino además establecer responsabilidades por toda esta indolencia.
Que así sea
El presidente de la Junta Central Electoral parece haber captado el sentimiento de amplios sectores de nuestra sociedad que se sienten saturados por el exceso de laborantismo político y los altos costos de estas campañas.
La necesidad de acortar estos procesos de la democracia y ponerle límites a los gastos en que incurren los partidos, parte de los cuales son pagados del erario, está más que justificada y explicada.
El país no puede destinar tanto de su tiempo y atención al discurso proselitista generalmente destemplado y vacío, carente de propuestas y respuestas a las necesidades de la sociedad.
Tampoco el Estado puede continuar destinando recursos económicos para financiar campañas proselitistas de los partidos, que generalmente se afianzan en compra de conciencias y burla de las necesidades de la mayoría de los electores.
Y más que limitar el tiempo y los costos de las campañas, es preciso establecer pautas que moderen las actividades de los partidos políticos, que se manejan como chivos sin ley en una selva carente de principios.
El país tiene que hacer una verdadera profilaxis en el ejercicio político y crear las bases para elevarlo cualitativamente, de manera que sean los auténticos liderazgos y no las fortunas las que guíen la convicción de los electores, en los procesos internos y en las elecciones nacionales. Creemos que la parte sensata de nuestra sociedad no vacilará en respaldar estas aspiraciones que expone el presidente de la Junta.
