En todos los países civilizados y que se precian de tener regímenes democráticos, existe un vocero que expone los puntos de vista del Gobierno cuando sectores, tanto públicos como privados, denuncian una situación o circunstancia  que ameritan una pronta intervención del Poder Ejecutivo para remediar el entuerto de que se trate. 

 En nuestro país, políticos, funcionarios, movimientos reivindicativos, diferentes iglesias, comunicadores y colaboradores, involucrados en el diario vivir, denuncian frecuentemente en los diferentes medios de comunicación, tanto escrito, televisivo como radial,  casos que debiera la Oficina de Prensa del Poder Ejecutivo ponerlos del conocimiento del señor Presidente de la República, con la finalidad de que él tome las medidas  pertinentes y que le permitirá dar una respuesta adecuada a la ciudadanía, la cual espera que se tomen los correctivos de lugar cuando se compruebe la veracidad de los hechos denunciados. Por el contrario, esta oficina gubernamental sólo se circunscribe a defender a rajatablas estas quejas, considerándolas como acusaciones  interesadas para tratar de mermar o hacerle daño a la imagen del mandatario.

Hemos leído, escuchado y visto la presentación de casos y situaciones, que si hubiera un organismo con voluntad política y de toma de decisión, los hechos no degenerarían en los actos de protestas, a veces vandálicos, que protagonizan varias comunidades a nivel nacional.

Hay varias denuncias de nepotismo en la administración pública lo cual está prohibido por ley y, sin embargo, nada han hecho las autoridades  para remediar o poner coto a esta práctica que limita el acceso a puestos de trabajo a ciudadanos que no sean familiares del principal ejecutivo. 

En esta semana, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) lanzó duras críticas a la manera como se está manejando el Estado Dominicano y abogó por un cambio de mentalidad en donde exista más solidaridad para afianzar los valores humanos y cristianos. De ese modo, si trabajamos unidos podremos erradicar los males que nos afectan.  El CED, con el mensaje que dirigió, no sólo al pueblo dominicano sino también a sus líderes políticos, para que traten de tomar medidas que beneficien a toda la sociedad y no mayormente a los particulares.

Cuando un periodista, informador público, colaborador o simple ciudadano hace una denuncia seria, responsable de alguna anomalía en el manejo de la cosa pública, la Oficina de Prensa del Poder Ejecutivo debería indagar y evaluar la autenticidad de lo denunciado y después comunicarlo a las autoridades concernientes.  Tratar de denostar o desmentir de manera burda al denunciante, es situarse por encima de la ley o lo peor, por sobre la Constitución de la República.

Los colaboradores, como es mi caso, hemos hecho público singularidades que, en lugar de agradecernos por poner  del conocimiento de los ciudadanos comunes las mismas, se nos quiere llevar al patíbulo por haberlas denunciado. De continuar esta Oficina  con la actitud de estar siempre a la defensiva, provocará que nadie ose delatar una prevaricación por temor a que le apliquen una injusta represalia, sobretodo, si es un empleado público y le aplican su cancelación.

Es hora que la Oficina de Prensa de la Presidencia, de manera imparcial, recoja las quejas y denuncias, las cuales, después de tamizadas, se le presenten al presidente de la República para tomar las medidas y fines de lugar.