La empresa española Indra Sistemas, S. A., que suplió los escáneres de las elecciones del 2016, reclamó a la Junta Central Electoral (JCE) el pago de la totalidad de la deuda pendiente “a la mayor brevedad posible”, de los US$13.9 millones, y advirtió que reserva sus derechos de interponer acciones legales para cobrar lo que denomina “una deuda vencida, líquida y exigible”.
El pleno del organismo que preside Julio César Castaños Guzmán, junto a sus cuatro miembros titulares, conocieron ayer la comunicación en la que Indra cobra a la JCE y amenaza que tiene derechos a iniciar una litis.
De inmediato, el pleno del organismo electoral respondió a Indra, “que se abocará a decidir sobre el contenido de la referida comunicación una vez la Cámara de Cuentas de la República remita oficialmente el informe definitivo sobre la investigación especial al estatus, y situación financiera entre la empresa Indra Sistemas, S. A., y la Junta Central Electoral (JCE)”.
La multinacional Indra, de capital español, exige a la JCE que salde un total de US$13,927,931.17, por los dispositivos electrónicos que suplió para las elecciones generales presidenciales, congresuales y municipales del 15 de mayo del 2016, para la que fabricó equipos para el registro de concurrentes y escrutinios electorales.
Los equipos tuvieron un costo de US$40 millones y ahora, son cuestionados por un informe de los técnicos de la Dirección Nacional de Informática de la JCE, el cual advierte de su elevado costo de mantenimiento por deterioro y recomienda no volver a utilizarlo para las elecciones del año 2020.
La JCE apoderó a la Cámara de Cuentas del informe de la Dirección Nacional de Informática y espera su respuesta, tal como ayer hizo saber el pleno al Indra, al concluir la sesión en la que se conoció la comunicación de requerimiento de pago del 17 de octubre de 2017, misiva que llegó a la JCE el 2 de este mes y a la que dio acuse de recibo.
Los miembros del pleno: Castaños Guzmán, Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano, Henry Mejía y el secretario general, Ramón Hilario Espiñeira analizaron la comunicación que Indra señala tiene carácter de notificación, para fines del acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana.