Lima.– El indulto al encarcelado exmandatario peruano Alberto Fujimori divide nuevamente a Perú en esta Navidad, marcada por la alegría de sus seguidores y la indignación de sus detractores, quienes buscarán devolverlo a prisión para que termine de cumplir una condena por violaciones a los derechos humanos.

La libertad de Fujimori, condenado a 25 años de prisión por matanzas y secuestros durante su mandato (1990-2000), abre un escenario impredecible en la política nacional, donde el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, es duramente criticado por haberlo indultado.

El indulto, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, no solo exime a Fujimori de seguir en prisión por la muerte de 25 personas en dos matanzas del grupo militar encubierto Colina, sino que también lo libra de ser procesado por otra matanza donde murieron otras seis personas.

Los familiares de las víctimas de esos crímenes recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que anule el indulto, al que consideran como un acto de impunidad, según anunció hoy el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), defensor de los agraviados.

Lo harán basados en la convicción de que el indulto no se otorgó por las razones médicas aducidas en la resolución, sino por un “acuerdo político bajo la mesa” entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.

No pasan por alto que Kuczynski firmara el indulto solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso gracias a los votos de diez congresistas fujimoristas rebeldes con su partido, liderados por Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, quien le había pedido al presidente que indultara a su padre.

Además, Rivera criticó la celeridad con que se hizo el tramite, pues apenas pasaron dos semanas desde que se presentó la solicitud, y alertó que uno de los miembros de la junta médica que recomendó el indulto es médico personal de Fujimori.

El indulto, anunciado por Kuczynski pocas horas antes de la Navidad, enfureció al antifujimorismo, compuesto por fuerzas políticas demócratas y activistas y organizaciones defensoras de los hechos humanos, quienes lo llamaron traidor por romper la promesa hecha durante su campaña de que no indultaría a Fujimori.

La más crítica fue la líder del bloque de izquierdas Nuevo Perú, Verónika Mendoza, cuyo apoyo a Kuczynski fue decisivo para que se impusiera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016 a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.

Mendoza aseguró hoy que el indulto es “una vil traición a la patria” y tildó a Kuczynski de “vendepatria” por negociar para quedarse en su cargo a cambio de indultar a “un asesino y ladrón con informes truchos (falsos) y comisiones médicas amañadas».

Las protestas comenzaron en la misma Nochebuena y continuaron hoy en distintas ciudades del país por colectivos contrarios a la libertad del exmandatario. Por su parte, Fujimori continúa hoy internado en una clínica de Lima, a la que fue trasladado el pasado viernes desde la prisión donde estaba encarcelado, y a la que ya no volverá una vez que termine su hospitalización.

Tras visitarlo hoy en la clínica, el excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga, médico personal de Fujimori, manifestó su gran emoción por la libertad del expresidente y agradeció a Kuczynski haber tomado la decisión de indultarlo.

“Es una decisión que fue puesta en manos de otros presidentes y no la tomaron”, dijo Aguinaga en referencia a los dos indultos solicitados al expresidente Ollanta Humala, quien rechazó un primer pedido en 2013 y traspasó otro en 2016 al propio Kuczynski, quien en ese momento anunció que no lo firmaría.

Según el informe de la junta médica que recomendó el indulto, Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar, lo que puede agravarse si continúa en prisión.

Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, además de por el secuestro de un empresario y un periodista en 1992.