El Presidente Leonel Fernández Reyna indultó recientemente un grupo de convictos, definitivamente condenados por los tribunales de la República. Sus respectivas e irrevocables condenas los hacen delincuentes en el estricto sentido de la palabra.

Por el hecho de ser indultados no logran que sus delitos sean borrados de los archivos del ministerio público ni de los tribunales de la República. Ellos son y seguirán siendo delincuentes favorecidos por una decisión sectaria del Primer Mandatario de la Constitución de República Dominicana. Nadie podría ser condenado por difamación o injuria si en algún escrito o declaración pública llama ladrones, falsificadores o estafadores a estos indultados. Lo que se les ha otorgado no es la amnistía que olvida. Es apenas un perdón presidencial que simula ajustarse a las normas de convivencia pacífica entre los dominicanos.

Nadie debe suponer que el presidente Fernández estuvo mal informado o no sabía lo que estaba haciendo. Ninguno mejor que él, abogado de los tribunales de la República, para conocer las exigencias de la ley. El Presidente sabe que está, sin lugar a dudas, actuando legal aunque injustamente. Sabía que esa decisión iba a ser repudiada por los sectores que todavía aspiran a que la honestidad prime en los ambientes del Poder Ejecutivo. Dicho sector se ha manifestado con firmeza en ese sentido. Nadie debía empezar a señalarle al Presidente los acápites de la ley que él no tomó en cuenta. Él la consultó exhaustivamente para fabricar su coartada.

¿Concedió los indultos por familiaridad o amistad con los convictos favorecidos con su perdón? Evidentemente no. Aquellos convictos no son ni arientes ni parientes de quien hoy ocupa la cabeza del Estado. Difícilmente podría predominar en el Leonel político algún sentimiento afectivo que no estuviera relacionado con su deseo de perpetuarse en el poder.

Su mente está demasiado ocupada pensando en la Era de Leonel, en su eternización, aunque tenga que comprar con dinero nuestro el apoyo del pueblo dominicano. Está convencido que haber obtenido más de la mitad de los votos en las elecciones pasadas le da el derecho a violentar la Constitución, tal como lo hizo en el caso de la Sun Land o para desfalcar el erario y endeudar el país con el clientelismo y el Metro. Asimismo, considera que los resultados electorales le permiten perdonar, inmerecidamente, a delincuentes comunes, tal como acaba de hacerlo ahora.

Lo que los dominicanos debían estar analizando ahora es por qué y para qué el presidente Fernández ha tomado esas medidas ampliamente repudiadas. ¿Será por coincidencia política o ideológica con los perdonados? Evidentemente no. La política, en el estricto y sano sentido de la palabra, escasea en los predios del Partido de la liberación Dominicana y, más aún, en el ambiente palaciego. La codicia se ocupó de hacerla desaparecer. Recordarle ahora a los peledeistas la dignidad y el decoro de Juan Bosch es una pérdida de tiempo.

Ellos saben mejor que nosotros que no es olvido, sino negación premeditada de esos principios. Su estrategia de marketing incluye el desprecio por la opinión ajena, por lo que se han confesado sordos y ciegos, aunque, desgraciadamente, no se han declarado mudos. Pero a pesar del repudio generalizado, desprecian sus criterios porque creen, equivocadamente, que su monarquía está por encima de la ley y pueden ignorar las verdaderas necesidades del pueblo dominicano.

Nos toca ahora indagar, con mucha paciencia almacenada, por qué y para qué Leonel Fernández concedió esos perdones. No denunciemos tanto lo que pasó, ni el quién, ni el dónde, ni el cuándo, ni el cómo lo hizo. Lo esencial en este momento es por qué lo hizo el presidente Fernández y cuáles son los beneficios que espera obtener.

¿Cuánta información se nos ha negado sobre las razones que provocaron otorgara perdones clandestinos a espaldas de la Comisión de indultos que él mismo había designado? ¿Qué cosas habrá enterradas por ahí que sólo aquellos indultados y él Presidente saben de su existencia. ¿Qué esperaremos mucho tiempo para enterarnos? No importa. Tendremos la paciencia suficiente y necesaria para descubrir, más temprano que tarde, cómo un delito trató de encubrir otro al contar con la complicidad de la más alta magistratura del Estado.