POR ELVIS LIMA
Un nuevo ingrediente se sumó anoche al conflicto que mantiene el gobierno con Anadegas, cuando Industria y Comercio resolvió asumir el control y administración de las gasolineras donde se compruebe la intención de suspender sus actividades normales. La decisión del organismo está contenida en una resolución, firmada por su titular, Francisco Javier García, la cual establece que dicha medida entra en vigencia a partir de la fecha de emisión, y deroga cualquier otra que le sea contraria.

Asimismo, dispone su inmediata remisión a las compañías distribuidora, a la Refinería de Petróleo y a las estaciones de expendio de combustibles.

Mientras tanto, la Asociación de Empresas Mayoristas Distribuidoras de Hidrocarburos, en formación, garantizó al país que tiene suficiente capacidad para mantener el abastecimiento normal de todos los tipos de combustibles que se comercializan en el mercado nacional.La entidad, que agrupa a las compañías Shell, Texaco, Isla y Esso, expresó que no existen razones para temer una crisis de suministro de combustibles.

Horas antes del anuncio de Industria y Comercio, el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) anunció que mantendrá su posición de no recibir más combustible hasta tanto las autoridades atiendan sus reclamos, y advirtió que el gobierno carece de facultad legal para suspenderle las licencias de operación.

En una reunión de más de tres horas en su sede, el consejo del organismo, dijo además  que de materializarse la advertencia de las autoridades llevarán el caso a los tribunales, porque acciones de esa índole violan el derecho de propiedad privada.

Juan Ignacio Espaillat, presidente de Anadegas, afirmó que para tales fines ya el organismo cuenta con el equipo legal para defender su derecho en los tribunales.

“Vamos a someter a la justicia a todos los funcionarios que violen la libre empresa, porque el nuevo código procesal penal así lo establece”, precisó Espaillat.

Consideró que no hay razón para que el gobierno genere acciones de presión que puedan conducir a resultados negativos, tanto para ellos como para Anadegas.

Manifestó que aunque las estaciones siguen ofreciendo el servicio de manera regular, será a partir del próximo martes cuando la población comenzará a sentir la escasez de combustibles.

Dijo que aunque se mantienen abiertos al diálogo solamente las acciones concretas del gobierno los hacen variar de posición, ya que tienen seis meses en busca de la solución del problema, pero no ha sido posible.

“Si el gobierno quiere que vendamos combustibles, que nos los manden, que nosotros lo vendemos, pero que entiendan que no tenemos dinero” expresó Espaillat.

Entre las demandas de Anadegas al gobierno se encuentran; un aumento en los márgenes de beneficio de los combustibles, así como una compensación por concepto del diferencial en la temperatura.

A juicio de Espaillat Anadegas constituye la confianza y estabilidad en el mercado de los combustibles, e informó  que además de las 492 estaciones que paralizarán sus labores la próxima semana otras 104 han anunciado su respaldo

Anunció que para el próximo lunes la Asamblea General del organismo tiene previsto reunirse para ultimar detalles sobre los pasos a seguir.

AUMENTOS DESPROPORCIONADOS

Por otra parte, Espaillat calificó como desproporcionados los aumentos dispuestos ayer por la Secretaría de Industria y Comercio en los precios de los combustibles, ya que estos no se corresponden con la realidad del mercado.

“Por ejemplo, la gasolina premium tuvo un aumento de RD$4.80, o sea, RD$1.60 más de lo normal, la regular sufrió un alza de RD$2.90 cuando el precio real debió ser RD$2.40”, precisó Espaillat.

NO DEMORAR RECLAMOS

El presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, Pelegrín Castillo, pidió al gobierno no demorar por mas tiempo los reclamos de Anadegas, e instó a las partes abocarse al diálogo.

Indicó que a pesar de que los reclamos del organismo son justos, esto no debe ser motivo para emprender ninguna acción que afecte el desenvolvimiento de un servicio público tan vital como el combustible.