Industriales apoyan ajustes a Ley 28-01 con Ley 236-05

Industriales apoyan ajustes a Ley 28-01 con Ley 236-05

POR MARIO MÉNDEZ
Explican que la Ley 28-01 impediría al Estado obtener los ingresos que necesita para cumplir con su rol y promovía la competencia desleal en perjuicio de las empresas que operan fuera de la zona fronteriza.

El sector industrial planteó a las principales autoridades eclesiásticas del país la conveniencia de que las empresas que se instalen en la zona fronteriza se acojan a los incentivos de la Ley 236-05, ya que mantenerse la Ley 28-01 como fue aprobada inicialmente convertiría a esa zona en una especie de paraíso fiscal en beneficio de empresas y haría una competencia desleal al sector empresarial establecido fuera de esa zona y que cumple con sus obligaciones fiscales.

En una exposición de motivos que fue presentada a las autoridades eclesiásticas para justificar la adecuación de la Ley 28-01, el sector industrial explica que la Ley 236-05 fue aprobada el 17 de mayo del 2005 en un esfuerzo por introducir una alternativa destinada a disipar los temores del gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre posibles pérdidas fiscales y a evitar que los incentivos fiscales sean utilizados por las empresas beneficiadas para competir deslealmente con la industria establecida fuera de la zona fronteriza.

Explica que la Ley 236-05 se limita a establecer claramente la obligación de las empresas instaladas bajo el amparo de la Ley No. 28-01 de retener el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBIS) y el Impuesto Selectivo al Consumo sobre bienes derivados del alcohol y tabaco.

“Por último, sujeta el beneficio de la exoneración del pago de las tasas arancelarias a que los bienes importados bajo el esquema de la Ley No. 28-01 sean sometidos a procesos productivos de transformación sustancial”.

“Con esto se asegura que las empresas que se acojan a este beneficio desarrollen actividades intensivas en el uso de mano de obra local y en el consumo de insumos locales y se evitan las prácticas desleales de comercio, el contrabando aduanal y la evasión fiscal”.

Aclaran los industriales que en el caso del ITBIS, “constituye un impuesto al valor agregado dirigido al consumidor final, por lo que no afecta el costo de producción de las empresas, limitándose su papel al de un simple agente de retención”.

“En este sentido, la exoneración del ITBIS al consumidor provocaba una competencia desleal con respecto a los productos elaborados por las industrias instaladas fuera de la zona fronteriza, debido a la diferencia de precio al público que provoca la venta exenta del ITBIS, equivalente al 16%”.

Los industriales explican en su exposición de motivos, que “la competitividad no puede estar basada en la evasión impositiva, que sólo resultaría en el desempleo y la pobreza en las zonas y provincias más pobladas de la República y que no son consideradas fronterizas con Haití”.

“Esto no era aceptable, ya que lo que estábamos haciendo era trasladar el problema de una región a otra. No es que hayamos creado valor; muy por el contrario, estábamos destruyendo nuestra riqueza”, explican los industriales.

Agregan que con el mantenimiento de la Ley 28-01 como fue aprobada inicialmente, “estaríamos privando al Estado de los recursos que se generan fuera de la Frontera y tal vez la posibilidad de que una proporción de esas recaudaciones sean dedicadas para promover la salud y educación de los habitantes de la zona, fundamentales para cualquier desarrollo integral”.

“Debemos recordar que este es un país pequeño y la zona fronteriza se junta con la no fronteriza en una muy corta distancia, creando una situación conflictiva entre productos similares gravados y no gravados con ITBIS. Estas exenciones, en consecuencia, sólo beneficiaban a los empresarios que la promovían a costa de los ingresos que legítimamente debe recibir el Estado”, explican los industriales.

El sector industrial abogó porque se comprenda que la intervención en el mercado doméstico de las empresas que se instalarían en la zona fronteriza para aprovechar las excesivas ventajas fiscales de dicha legislación, afectaría la permanencia de las industrias nacionales que desde hace años y con cuantiosas inversiones se encuentran establecidas en otros puntos del país.

Explicó que las empresas que serían perjudicadas con la Ley 28-01 generan cientos de miles de empleos y contribuyen al sostenimiento del Estado a través del pago de los impuestos.

Los industriales explican que como dicha ley no define claramente el concepto de materia prima, ha sido utilizada como puente para el trasiego de productos terminados con un grado mínimo de elaboración o manufactura, los cuales son vendidos en toda la geografía nacional sin el pago correspondiente de impuestos.

El sector industrial aclara que reconoce la necesidad de que se preserve la Ley 28-01 como un instrumento dirigido a potenciar la atracción de inversiones privadas en la zona fronteriza, “siempre y cuando se logre armonizar dicho propósito con la preservación de un ambiente de competencia justa y leal con aquéllas actividades que se han instalado fuera de la frontera con Haití, pero que sí están en la frontera de los Estados Unidos, con quienes tendrán que competir dentro del actual adverso ambiente fiscal interno de negocios cuando se ratifique el Tratado de Libre Comercio”.

Además, los industriales afirman que la Ley No. 2801 no es compatible con las condicionalidades que ha pactado el Gobierno dominicano en el marco del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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