POR CLAUDIO CABRERA
Los sectores industrial y agrícola serán los más expuestos a una quiebra con la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-Cafta), en caso de que la reforma fiscal no logre equilibrar su participación en el mercado regional frente a los países centroamericanos.

 Esto se debe a la prevalencia de disparidades en el área energética, en la impositiva, en los procesos aduaneros y portuarios, así como por las limitaciones que existen al fomento a las exportaciones desde el país respecto a Centroamérica.

En caso de no introducirse importantes cambios que favorezcan una mejor participación de sendos sectores para acoplar tal acuerdo comercial, el 30% de la mano de obra ocupada en la manufactura y la agricultura, sufriría las devastadoras consecuencias de no contar con la suficiente competitividad, perdiénsose miles de empleos en lo inmediato.

Por eso, este país debe asumir las medidas acordadas con las naciones centroamericanas y los Estados Unidos para accesar al RD-Cafta, entre las cuales figuran el mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de eliminar la Comisión Cambiaria del 13% sobre las importaciones, así como la necesidad de reducir el arancel a niveles acordados en el marco de este tratado.

En tanto avanzan los aprestos de orden técnico para la concreción del RD-Cafta en medio de las preocupaciones del sector empresarial y el gubernamental por el impacto que tendría el acuerdo en los sectores productivos dominicanos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República (AIRD), entregaron a la comisión técnica mixta que estudia los alcances de dichos compromisos, un documento donde se establece su impacto en la industria, así como en el área de la manufactura y en la agricultura.

Los lineamientos están contenidos en el documento “Adecuación del Sector Industrial a la Apertura Global”, presentado por directivos de la AIRD y del Conep ante la comisión técnica que estudia el impacto del acuerdo entre los sectores productivos.

Esta comisión técnica la integran funcionarios del gobierno expertos en el área fiscal, líderes empresariales, representantes del Congreso y dirigentes sindicales, por lo cual se abocó al estudio del diagnóstico-propuesta elaborado por el empresariado, a fin de salvar la situación prevaleciente en el sector productivo.

Al enfatizar que se trata de los sectores más expuestos al proceso, el documento resalta que el sector industrial-manufacturero del país aporta un 15.5% al Producto Bruto Interno (PBI), con un total cuantificado de más de 494,000 empleos, sin tomar en cuenta el impacto a nivel agropecuario en el que hay un aporte igual del 15% al PBI.

Al medir el impacto que en los últimos diez años ha tenido el crecimiento del sector manufacturero, estimado en un 38%, sostiene que sus exportaciones alcanzan más de RD$4,690 millones.

Pero debido a las pesadas cargas y trabas que desde hace muchos años confronta dicho sector y que ahora súbitamente deben ser readaptadas, subrayan el conjunto de deficiencias que afectan a la producción en esta área.

COMPONENTES DE LA COMPETITIVIDAD

Al analizar las medidas posibles para emprender la reforma fiscal y adaptar el país al RD-Cafta, el documento recoge una serie de prerrequisitos considerados necesarios para encaminar un modelo de reforma fiscal y de adaptación a la apertura con el acuerdo comercial, en el cual se sitúe, en primer plano, la eliminación de la Comisión Cambiaria, tomando en cuenta que afecta principalmente las importaciones de bienes de capital, a los repuestos y materias primas.

También, eliminar los aranceles fuera del acuerdo RD-Cafta para los bienes de capital, repuestos y las materias primas.

Asimismo, compensar los impuestos aplicados a las propiedades para inmuebles con fines productivos, a través del mecanismo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Igualmente, considerar los gastos en reparaciones a maquinarias y eliminar la discrecionalidad en la compensación del Itbis para los bienes exentos y eliminar los impuestos a los productos exportados.

En adición, considerar otros factores como la imposición del cobro del impuesto del 0.15% a los cheques, del 15% sobre los intereses al financiamiento en el exterior y eliminar la factura consular.

Para adaptar los mecanismos legislativos al nuevo escenario de competitividad, resaltan la necesidad de “una adecuación a los compromisos internacionales y del marco legal al de los países competidores”.

Con miras a este objetivo, consideran necesario ampliar la Ley 84-99, de fomento a las exportaciones, para hacerla compatible con otras leyes de incentivos en el país, como la del incentivo turístico, ampliar la base de las importaciones, como en el caso de los combustibles y bienes de capital, así como agilizar el proceso para hacer más fluidas las exportaciones indirectas y favorecer las exportaciones hacia Haití.

Debe considerarse, también como parte de estos mecanismos, la adecuación de la Ley 8-90 para la competitividad del sector industrial nacional. Para lograr estos propósitos, resaltan que es necesario un “plan de convergencia” en que concurran tanto las industrias de zona franca como las locales.

En torno a los aspectos administrativos vinculados a la competitividad de este sector, se puntualiza la persistencia de una “dispersión y debilidad” en los enlaces oficiales con el sector manufacturero nacional.

Llama la atención sobre el éxito logrado por el Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF), el cual cuenta con una composición mixta integrada por los sectores privado y público y con una centralización de los aspectos ligados al sector.

Abogan, además, por una reestructuración organizativa del sistema actual, para lograr una mayor eficiencia en la producción nacional.

LOS ANTECEDENTES

El documento inicia el estudio del impacto de la nueva reforma fiscal a ser elaborada, indicando que en los inicios de los años 90 y durante períodos de crisis, como fueron los años iniciales de la década del 90 y al 2003, marcaron el momento inicial de la confección de reformas para adaptar las recaudaciones a una situación de crisis.

Sin embargo, en las reformas emprendidas entre los años 2000 y 2004, al inicio de nuevos períodos presidenciales, éstas pudieron ser asimiladas con mayor facilidad.

“Razones externas impulsan la reforma”, sostienen, al agregar la adopción del acuerdo RD-Cafta y con la OMC, así como por la incompatibilidad de la Comisión Cambiaria y la merma de los ingresos aduanales.

Pero la reforma en sí misma tiene sus implicaciones, expone el documento, al sostener que “la apertura reduce la protección a los sectores productivos”. Por ello, prevalece una relación intrínseca entre Reforma Fiscal y Agenda Activa de Competitividad.

Aunque el foco de la reforma consiste en lograr la mejoría de la competitividad, plantean que las medidas no deben afectar negativamente la posición competitiva de los sectores productivos nacionales.

EL DIAGNÓSTICO

El documento entregado por los productores criollos representados en el Conep y la AIRD, denuncia, entre otras cuestiones, que en el área energética la producción local se ve seriamente afectada por la existencia de costos, calidad y discrecionalidad con que se aplican las tarifas del servicio. En cuanto a los aspectos impositivos, se indica que la existencia de “impuestos a la importación, a la propiedad, no aplicados sobre la depreciación, la capitalización y las reparaciones, en adición a la ausencia de compensación por la aplicación del Itbis”, son factores adversos que impactan de modo desfavorable a ambos sectores.

Sobre los procesos aduanero-portuarios, revela que las consideraciones de tiempo para desaduanizar las importaciones, la prevalencia de la factura consular y otros procedimientos que originan un “perfil de alto riesgo” para los negocios, son algunos de los obstáculos a encarar para poner en vigor la nueva reforma fiscal.

Asimismo, son citadas las limitaciones al fomento de las exportaciones desde la República Dominicana, ya que la Ley 84-99 excluye las maquinarias y los repuestos, así como las exportaciones indirectas al mercado haitiano, de los beneficios de la competitividad.

A su vez, la Ley 8-90 plantea como requisito un 80% de destino al mercado externo para fines de incentivos.

En el documento se considera “imprescindible” una mayor competitividad sobre la base de tomar en cuenta el gran peso de los aspectos impositivos, para poder adecuar los impuestos y las cargas que afecten la inversión, los cuales también reducen la capacidad de competir internamente y que coartan la capacidad de exportar al empresariado.

Igualmente, deben considerarse los aspectos legislativos con fines de “adaptar las legislaciones nacionales al nuevo entorno internacional, haciéndolas compatibles con los compromisos ante la OMC y  el RD-Cafta”. 

En cuanto a los aspectos administrativos y de procedimientos requieren establecer mecanismos administrativos acordes a la ventaja competitiva del país, para lograr una óptima inserción del sector, tomando en cuenta la ubicación geográfica del país, así como el tiempo de respuestas ante la demanda.