Industriales piden eviten competencia desleal

Industriales piden eviten competencia desleal

POR SOILA PANIAGUA
La presidenta de la Asociación de Industrias de la República (AIRD) exhortó ayer al gobierno a tomar las medidas necesarias para evitar que el Tratado de Libre Comercio (TLC) no genere una competencia desleal para los productores locales, afectados por altos costos de producción y una serie de factores que les impiden ser competitivos.

Yandra Portela también consideró que el TLC podría beneficiar a los dominicanos, si se lleva a cabo un proceso de ajustes para crear las bases de un crecimiento sostenido con un alto dinamismo y participación de la industria nacional en el comercio exterior.

«La AIRD entiende que el Estado debe garantizar una armonía entre las condiciones establecidas en los países firmantes, de forma tal que el acuerdo firmado no produzca una competencia desleal para nuestros sectores productivos», señala en un documento de prensa.

Agrega que los acuerdos de libre comercio firmados por el país a la fecha, no han provocado los resultados esperados en beneficio de la balanza comercial, sino que al contrario, han incrementado el déficit comercial con respecto a los Estados firmantes.

«Para evitar situaciones similares, consideramos que el proceso de implementación del DR-CAFTA requiere necesariamente de la ejecución de una serie de medidas que permitan que el sector productivo nacional logre el más amplio beneficio del mismo», sostiene.

Agrega que para que el DR-CAFTA logre dotar al país de las ventajas esperadas, las autoridades deben implementar, junto a su ratificación, una serie de acciones indispensables para el desarrollo y competitividad del sector productivo nacional.

Explica que un análisis realizado por la AIRD demuestra que de los países firmantes del DR-CAFTA, la República Dominicana presenta las mayores dificultades para el exitoso y competitivo desempeño de la actividad empresarial orientada al mercado internacional.

«Lamentablemente, nuestro país mantiene una serie de trabas a nivel macroeconómico que lo colocan en desigualdad de condiciones frente a sus socios comerciales, como son el tipo de cambio, las tasas de interés y la energía eléctrica, entre otros», resalta.

Agrega que la falta de crédito a largo plazo que apoye la renovación de la planta productiva, en su tecnificación y de acuerdo con los estándares más avanzados, especialmente cuando la competencia actúa de manera agresiva y diligente, es un aspecto que requiere de mucha atención por parte de las autoridades dominicanas.

La AIRD confía en que el país logre garantizar su estabilidad macroeconómica, permitiendo así una reducción significativa en el costo del dinero, un tipo de cambio estable, que debe ir acompañado de una oferta energética eficiente y sostenible y a más bajo costo.

«Para esos fines, el Congreso Nacional debería abocarse a motorizar iniciativas tendentes a garantizar el acceso a ventanillas especiales de crédito a los productores nacionales», sostiene.

Afirma que el Congreso Nacional debe velar por el cumplimiento de varias leyes vigentes, cuya violación o falta de aplicación afecta sensiblemente el desarrollo y competitividad del sector industrial.

«Tal es el caso del cumplimiento cabal de la Ley General de Electricidad, específicamente en lo que se refiere a la certificación y autorización por parte de la Superintendencia de Electricidad, a los Usuarios No Regulados», manifiesta.

Añade, asimismo, que el ambiente carente de adecuadas normas fiscales y de leyes que las establezcan, es uno de los principales vacíos en el país.

«Es de conocimiento de todos, que la Comisión Cambiaria, establecida inicialmente de forma irregular por resolución de la Junta Monetaria en el año 1991, convertida posteriormente en una arancel disfrazado y aumentada recientemente a un 13%, es un tributo que, además de ser ilegal, constituye una traba impositiva que afecta seriamente la competitividad de nuestros sectores productivos», señala.

Agrega que la Comisión Cambiaria constituye una violación a las normas internacionales de comercio, de acuerdo a lo dispuesto por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en su reciente fallo emitido el pasado mes de noviembre del 2004.

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