Hoy 
POR SOILA PANIAGUA
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) pidió ayer al gobierno publicar los nombres de las 1,200 empresas evasoras de impuestos y asumir «una verdadera cruzada contra la corrupción pública y privada».
Ernesto Vilalta, presidente de la entidad, pidió al gobierno identificar todas las empresas que retienen el ITBIS sin pagarlo al fisco y dar a conocer también los nombres de los ejecutivos que reportan salarios irreales para evadir el Impuesto Sobre la Renta.
Vilalta sostuvo que así el gobierno enviaría una señal convincente a la población, de que hay voluntad política de combatir la corrupción.
«Es realmente desconcertante que 1,200 empresas retengan el ITBIS, en un hecho grosero que afecta la competitividad de las compañías que pagan religiosamente sus impuestos, mientras las autoridades mantienen en secreto las identidades sociales de los negocios evasores, que generan grandes rentas a costa del bienestar del pueblo», sostuvo.
Opinó que en el país cobra cuerpo la percepción de que los discursos oficiales sobre corrupción no se corresponden con los hechos y las acciones.
De acuerdo a esa organización empresarial, el combate contra los problemas tiene que darse en el contexto de una política oficial coherente que prevenga y castigue, no sólo la corrupción de los funcionarios del Estado, sino a los evasores del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), a los contrabandistas y a quienes hacen falsas declaraciones ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
«El gobierno ha conseguido éxitos irrefutables para bien del país, como la estabilidad cambiaria y de precios, la reducción de la inflación y el crecimiento positivo del Producto Interno Bruto (PIB)», dijo.
No obstante, añadió que «el leviatán de la corrupción pública y privada se lleva entre las uñas los recursos necesarios para impulsar la educación, la salud, el servicio eléctrico, disminuir el hambre, el desempleo y ayudar a la competitividad de las empresas».
El presidente de la AEIH advirtió, asimismo, que no deben quedar ocultos los nombres de 44,000 ejecutivos que reportan, según la DGII, ingresos mensuales de menos de RD$20,000, mientras algunos tienen villas de lujo en connotados lugares turísticos del país.
Señaló que sin ofrecer informaciones que vayan más allá de la simple enunciación -sin identificar a las personas e instituciones que históricamente han sido los grandes evasores de impuestos- las autoridades hacen un flaco servicio país y no ayudan a sacar de raíz un mal como la corrupción, «que puede poner en juego la gobernabilidad.»
El ingeniero Vilalta lamentó que tampoco se profundice en las informaciones sobre los contrabandos -un mal que ha afectado al país desde siempre desvelando no sólo los nombres de los contrabandistas, sino también los de los cómplices enquistados en las esferas oficiales y fuera de ella.
Advirtió sobre el peligro que representa para la gobernabilidad y el mantenimiento de la confianza, el hecho de que, por razones políticas, no se faciliten los procesos judiciales de manera íntegra contra la corrupción administrativa del pasado y del presente.
«Después de tantas decepciones políticas sufridas por los dominicanos, una acción débil de este gobierno frente a la corrupción puede devenir en un gran peligro para la sostenibilidad democrática», sostuvo Vilalta.
