Las principales asociaciones industriales del país demandaron ayer que se cumpla con la ley a través de la cual se estableció la más reciente reforma tributaria, que ordena que en un plazo de 60 días tras su promulgación se proceda a revisar la Ley 28-01 sobre incentivos fiscales en la frontera, para corregir las distorsiones que genera en perjuicio de los sectores productivos.
En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, encabezado por la presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti, dijeron, no obstante, que el gobierno central ha expresado su interés de impulsar las modificaciones necesarias a esa ley.
Los industriales están a la espera de que el Poder Ejecutivo someta un proyecto de ley de modificación de la 28-01, que debería ser aprobado por el Congreso Nacional.
Las asociaciones industriales afirmaron que tal como fue concebida esa ley está teniendo un alto costo fiscal para el Estado, hace una competencia desleal a industrias establecidas que pagan sus impuestos y canibaliza los empleos, en vez de generar nuevos puestos de trabajo.
Un estudio presentado en el encuentro, realizado por el economista Roberto Despradel, establece que el gasto tributario o beneficios fiscales que recibieron 46 empresas acogidas a dicha ley ascendieron a 1,100 millones de pesos al año, que representan un gasto tributario por empleado de 248,000 mil pesos. La totalidad de empleados de esas empresas es de 4,369.
El estudio agrega que si a eso se suma que una parte de esos empleos no se encuentran directamente en la frontera, ya que muchas empresas tienen oficinas y redes de distribución en otras regiones del país, la cifra del costo tributario por empleo generado en la frontera es mayor.
El estudio señala el agravante de que el 62 por ciento de los beneficios impositivos otorgados se concentran en las principales cinco empresas y el 83 por ciento lo absorben las principales diez empresas.
Además, el estudio resalta que a pesar del gasto tributario hecho, no se registraron exportaciones significativas por parte de las empresas acogidas a la indicada ley, pues el objetivo primario ha sido el mercado doméstico y no el de exportación. Estas empresas industriales, con los menores volúmenes de exportaciones, reciben los mayores montos de beneficios impositivos, expresa el estudio dado a conocer por la AIRD.
Entre las recomendaciones que hace el estudio están las de que se establezcan incentivos fiscales que no produzcan distorsiones ni competencia desleal, como son exenciones del impuesto sobre la renta: y la modificación de aspectos que afectan negativamente los encadenamientos productivos, como son los impuestos al comercio exterior. También sugiere que los incentivos sean destinados al fomento de la inversión y el empleo en la frontera, así como a fortalecer y mejorar la administración y los controles en la aplicación de la ley.
Industriales presentes en el encuentro aclararon que no se oponen al establecimiento de incentivos fiscales para estimular la inversión en la frontera, pero aclararon que esto no debe implicar que las empresas acogidas a esos incentivos hagan una competencia desleal al resto del sector productivo establecido en el país y que paga sus impuestos.
Los industriales explicaron que cuando se produce esta competencia desleal, como ha venido ocurriendo con las empresas acogidas a la cuestionada Ley de Desarrollo fronterizo, se pierden empleos en actividades que generan valor agregado para la economía, con consecuencias negativas para el país, tanto en lo que tiene que ver con la generación de empleos como en lo que respecta a las recaudaciones fiscales del gobierno.
Las claves
1. Gasto tributario
El gasto tributario o beneficios fiscales que recibieron 46 empresas acogidas a ley 28-01 ascienden a 1,100 millones de pesos al año, que representan un gasto tributario por empleado de 248,000 mil pesos. La totalidad de empleados de esas empresas es de 4,369.
2. Agravante
Como una parte de esos empleos no se encuentran en la frontera, ya que muchas empresas tienen oficinas y redes de distribución en otras regiones del país, la cifra del costo tributario por empleo generado en la frontera es mayor.