Que más de la mitad de los trabajadores formales reciban salarios por debajo del costo de la canasta familiar del quintil de menores ingresos, estimado en 10 mil 400 pesos por las mediciones del Banco Central y ajustado ahora a 10 mil 800 por un estudio presentado por el Ministro de Trabajo, es un indicativo de inequidad y pobreza.

 La desigualdad salarial tanto en el sector público como en el privado es además una iniquidad, sobre todo en el Estado donde abundan los sueldos hasta sobre 500 mil pesos, pero prevalece un salario mínimo de 5 mil pesos, que no es cumplido en la mayoría de los ayuntamientos, donde una alta proporción recibe menos de 4 mil pesos mensuales.

 La pobreza nacional queda expresada por la existencia de unas ocho categorías de salario mínimo, el mayor de los cuales asciende a 8 mil 400 pesos, un 24 por ciento menor del costo de la canasta familiar más baja. Pero varios salarios mínimos apenas  cubren la mitad del costo de la canasta familiar, incluyendo el del sector público.

 Cómo viven los trabajadores con esos niveles de ingreso es un milagro cotidiano que tiene explicación en primer lugar en el pluriempleo que duplica la jornada laboral, ya mediante un segundo empleo formal o en la informalidad en que se encuentra el 57 por ciento de la población económicamente activa.

 La otra explicación es la relativización ética que conduce a tantos trabajadores a buscarse ingresos adicionales mediante mecanismos indecorosos, como los cobros adicionales o picoteo por los servicios públicos que están obligados a ofrecer o mediante la sustracción de materiales o productos.

 La mayoría de los profesionales encabezan la legión de los pluriempleados, incluyendo a los que prestan los servicios fundamentales de educación y salud, tanto en el sector público como en el privado, muy especialmente los que se dedican a la docencia universitaria, donde son muy pocos los profesores que no se ven obligados a jornadas tan largas que apenas le dan tiempo para preparar sus asignaturas y dar seguimiento a sus alumnos. En la educación primaria y secundaria el que no tiene por lo menos dos tandas de docencia no alcanza a cubrir el costo de la canasta familiar mínima. Lo mismo ocurre con militares y policías.   

 Para mayor desgracia, el gremialismo sindical y profesional está en crisis, con una baja proporción de trabajadores organizados, escasa libertad sindical real, y una hiriente pobreza de representación de un liderazgo anquilosado, difícil de renovar y de escasa imaginación o capacidad para negociar.

 Es lo que se está viendo con la negociación del mayor salario mínimo del sector privado, donde cada dos años los sindicalistas comienzan como gallos cantando exigencias que saben de antemano que no van a conseguir, para terminar aceptando migajas.

 Resulta inconcebible que ese liderazgo que pidió un 30 por ciento de incremento salarial y ha mostrado disposición a aceptar un 25, no se haya abanderado con los estimados oficiales del costo de la canasta familiar. Si el mayor salario mínimo se llevara a la canasta menor, la de 10 mil 400 pesos, el incremento sería del 23.80 por ciento y si validan la de 10,800 pesos ajustada esta semana en una valiosa iniciativa del ministro de Trabajo, Max Puig, el incremento tendría que ser de 28.57 por ciento.

 Si la representación empresarial se abandera con una inflación del 11.5 por ciento en dos años, no hay razón para que la sindical no lo haga clamando para que el mayor salario mínimo cubra siquiera el costo de la canasta familiar del nivel de pobreza. ¡Caramba!