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WASHINGTON (AFP).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el viernes su preocupación sobre la administración de justicia en Venezuela, la inestabilidad y fragilidad institucional en Ecuador y Bolivia, y la falta de control estatal en la seguridad de Haití.
El presidente de la CIDH, Clare Roberts, dijo que la Comisión está profundamente preocupada por el «endémico problema» de los jueces provisionales en Venezuela.
«El alto porcentaje de jueces provisionales y fiscales provisionales, interinos y suplentes perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia» y atenta contra la «independencia y autonomía» de los propios magistrados, estimó Roberts en una conferencia de prensa, al concluir el periodo de sesiones binanual de la CIDH.
Desde 2004 hasta ahora el gobierno venezolano de Hugo Chávez ha designado a 436 fiscales provisionales, destacó la Comisión, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH también reiteró su preocupación por «la situación de riesgo y estigmatización» de la cual son objeto los defensores de derechos humanos en Venezuela, y por «el clima de hostilidad» que enfrentan las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.
En Ecuador, la fragilidad del Estado de Derecho se agravó recientemente con la remoción de cinco de los nueve vocales del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, y los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia, señaló Roberts.
Los gobiernos ecuatorianos tienen una duración promedio de menos de dos años, y «la independencia e imparcialidad judicial son elementos esenciales para la protección de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho», recordó.
La CIDH dijo que ha seguido de cerca la situación de descontento social y debilidad institucional en Bolivia, y Roberts deseó que «la inestabilidad sea resuelta mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas».
Respecto a Colombia, la Comisión dijo estar perturbada por la continuación de actos de violencia e intimidación contra la población pese al compromiso de cese de hostilidades de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En Haití, la CIDH dijo asimismo estar «extremadamente preocupada por la aparente falta de control del Estado sobre la seguridad interna», y por la amenaza continua que constituyen para la población y para la estabilidad del país los ex militares, las pandillas y otros grupos armados ilegales.
También urgió al gobierno interino del primer ministro Gerard Latortue que aclare la situación jurídica de todos los prisioneros, incluidos el ex primer ministro Yves Neptune y el ex ministro del Interior Jocelerme Privert, funcionarios del derrocado gobierno de Jean Bertrand Aristide, que se encuentran detenidos sin haber sido juzgados.
Además, le recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe el arresto y la detención arbitraria.
La CIDH reiteró asimismo la necesidad de que Cuba celebre «elecciones periódicas, libres, justas y pluralistas», e indicó que el gobierno de Fidel Castro continúa con la «represión sistemática» de disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.
Roberts y el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, subrayaron los problemas financieros que enfrenta la Comisión, que cada vez tiene menos recursos pero recibe más peticiones -entre 2000 y 2004 la cifra se ha duplicado, y alcanzó 1.329 el año pasado-.
Los problemas presupuestarios amenazan con cancelar el segundo periodo de sesiones previsto para octubre, lo cual ya estuvo a punto de ocurrir el año pasado.
