POR ALEIDA PLASENCIA
La Asociación de Industrias Farmacéuticas (INFADOMI) se quejó ayer de que intereses relacionados con el sector farmacéutico estadounidense pretenden ignorar la existencia del decreto 386-04 del 28 de abril de 2004 y el reglamento 246-06 de medicamentos.

INFADOMI, frente a la controversia desatada ante la entrada en vigencia próximamente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA), estima conveniente aclarar algunas declaraciones de la Asociación de Representantes y Agentes de Productos Farmacéuticos (ARAPF) y de la licenciada Mary Fernández, representante en el país de los intereses de la (PHRMA), Asociación de Laboratorios Estadounidenses.

En un documento de prensa INFADOMI señala que “luego de cambiantes y contradictorias posiciones frente a la interpretación del artículo 15.10 del DR-CAFTA “y tras haberse prestado a tejer una amplia maraña de mentiras en torno al mismo, la licenciada Fernández, finalmente, reconoce que la exigencia de los datos de prueba no divulgados es opcional para República Dominicana”.

Agrega que esto es algo que INFADOMI viene advirtiendo incansablemente desde el inicio del proceso de  implementación. Sostiene que, sin embargo, en un cambio desesperado de estrategia, la representante de los intereses farmacéuticos estadounidenses en el país alega que la legislación dominicana ya exige datos de prueba en el párrafo III del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Señala que este expresamente que “se otorgará la autorización siempre que la especialidad farmacéutica sea segura, es decir, no produzca efectos indeseables o tóxicos desproporcionados al beneficio que procura; sea eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece, lo que se habrá de demostrar por ensayos clínicos controlados, realizados por personas calificadas; cumpla con los requisitos mínimos de calidad y pureza establecidos y estén correctamente identificados y acompañados de la información precisa”.

INFADOMI manifiesta que cualquier persona, incluso, sin conocimientos jurídicos, puede entender que en ningún momento este artículo se refiere a datos de prueba no divulgados.

INFADOMI sostiene que esta tergiversación aberrante de la Ley General de Salud responde únicamente a la ausencia de argumentos válidos de las empresas estadounidenses frente a la posición de la industria farmacéutica dominicana. 

“Aún más, constituye una interpretación absurda y descabellada cuyo propósito incuestionable es manipular y confundir la opinión pública, lo cual demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los defensores de los intereses estadounidenses en perjuicio del bien público nacional”, señala. Dice que además de pretender implementar esta estrategia de desinformación pública, ahora pretende ignorar la existencia del decreto 386-04 y el reglamento 246-06 de medicamentos, “bien conocidos por ella, en los que el país opta expresamente por no exigir la presentación de información no divulgada, secreta o confidencial”. 

“INFADOMI quiere recordar que en el año 2000, la licenciada Fernández afirmaba que la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial era la peor del mundo, la cual posteriormente fue calificada internacionalmente como de las mejores”, dice.

“Entendemos que este tipo de antecedentes la descalifican para referirse a temas de trascendencia nacional, ya que en diversas ocasiones no ha dudado en sacrificar la conveniencia de República Dominicana para defender causas económicas extranjeras que se benefician de la extinción de sectores industriales nacionales”, concluye en alusión a Fernández.